La Fiscalía investiga la adjudicación de un chalé de protección oficial con piscina a una concejala del PP en Palencia
Las diligencias preprocesales se han incoado tras la denuncia del candidato de Podemos
La concejala palentina del PP que recibió una VPO dice que todo es legal, pero no la declaró entre sus bienes
La Fiscalía de Palencia investiga la adjudicación de una vivienda protegida a la concejala del PP Laura Lombraña. El candidato de Podemos en las recientes elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, decidió presentar una denuncia tras conocerse el caso a través de El País el pasado 3 de marzo y el fiscal jefe, Arturo Carrillo, ha informado de la apertura de diligencias de investigación preprocesales a través de un escrito firmado el 12 de marzo al que ha tenido acceso elDiario.es.
Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y hoy continúa como concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.
Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.
“Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos, pero parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal. Por lo tanto, los hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, o de otro tipo”, dice la denuncia.
“Patrones de funcionamiento análogos”
Además, sugiere la conexión con hechos similares en Alicante, o los de hace dos décadas con las viviendas de Villa de Prado en Valladolid, que recayeron en cargos públicos del PP de varias administraciones o en sus familiares. “En Alicante (Comunidad Valenciana) se están dirimiendo en el orden jurisdiccional penal hechos que guardan similitud con los aquí expuestos, si bien referidos a otro ámbito territorial”, recuerda. Así, aunque el caso de Valladolid acabó en archivo, Llamas considera que “la operativa evoca mecanismos o patrones de funcionamiento análogos en relación con la adjudicación arbitraria de vivienda protegida para favorecer a responsables políticos o sus entornos familiares”, si bien, “dada la especificidad o territorialidad de las conductas abordadas, será decisión del Ministerio Fiscal la distribución del contenido de la presente denuncia a otras fiscalías especiales (Anticorrupción) o provinciales”, concluye.
Lombraña no registró la vivienda en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. En el documento, firmado en junio de 2023, únicamente constan 7.000 euros en cuenta corriente. Sin embargo, el chalé sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad. elDiario.es ha contactado con Laura Lombraña, pero la llamada se cortó cuando la periodista se identificó. Lombraña tampoco ha respondido al whatsapp remitido por este medio.