La historia de Gregoria y Antonio, que llevan 48 años pagando 180 euros al mes de alquiler: "Ahora el casero mete inquilinos gratis para que nos vayamos"
Gregoria, de 72 años, y Antonio, de 74, firmaron su contrato de arrendamiento hace 48 años. Desde entonces, el importe mensual que abonan por su vivienda ha permanecido inalterado en 180 euros, una cantidad muy alejada de los precios actuales del mercado inmobiliario en la capital.
Esta situación, amparada por la legislación sobre contratos de renta antigua, ha convertido a la familia en un objetivo para el propietario del edificio, según afirman ellos mismos en el programa "Y Ahora Sonsoles".
En la actualidad, Gregoria y Antonio comparten el piso con su hijo David, quien ha decidido hacer pública en el programa de Antena 3 la situación para poner fin al calvario que sufren.
El conflicto se ha intensificado en los últimos siete años, un periodo durante el cual la convivencia en la finca se ha tornado insostenible para los inquilinos de renta antigua. La familia asegura que soporta a diario ruidos intencionados y molestias procedentes de otros vecinos.
Las acciones descritas incluyen golpes en las paredes a deshoras, pinchazos en el telefonillo para que no funcione correctamente y la colocación de palillos en la cerradura de la puerta, impidiendo en ocasiones su apertura.
Al preguntar al casero por estas situaciones, la respuesta fue evasiva, limitándose a justificar los ruidos como propios de la actividad cotidiana de una familia por la mañana, sin atender al carácter sistemático de las acciones.
La sospecha de una estrategia para romper el contrato histórico
La clave de la denuncia reside en la identidad de quienes están causando las molestias. Gregoria y su familia sospechan que los inquilinos conflictivos no son arrendatarios ordinarios, sino personas introducidas en el edificio por el propio casero sin coste alguno.
La razón de esta cesión gratuita, según apuntan, sería que dichos pisos carecen de la preceptiva cédula de habitabilidad, lo que impediría su alquiler en el mercado legal. De ser cierta esta hipótesis, el propietario estaría utilizando a estas personas como herramienta de presión para hacer la vida imposible a los inquilinos históricos y forzarles a abandonar voluntariamente la vivienda.
"Los mete aquí gratis porque ese piso no tiene permiso de habitabilidad", afirma Gregoria con rotundidad, refiriéndose a la vivienda ocupada por quienes les hostigan.
La mujer muestra su desesperación al comprender su situación desde el punto de vista económico del dueño. "Yo sé que no soy rentable, pero a dónde me voy, que me den una solución", exclama, evidenciando la angustia de una persona mayor que, tras casi medio siglo en el mismo hogar, se enfrenta a la perspectiva de tener que buscar un nuevo alojamiento con los precios actuales y sin una alternativa habitacional clara por parte del propietario.
La familia sostiene que el casero ha diseñado un plan para terminar con un contrato que, por ley, le resulta extremadamente gravoso, utilizando métodos de acoso que, de ser probados, podrían constituir una vulneración de los derechos de los inquilinos.