El Supremo rechaza la petición de Sandro Rosell de ser indemnizado con 29,7 millones por haberse pasado dos años en la cárcel

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le cierra la puerta al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y no entra a valorar si debió ser indemnizado con más dinero, hasta 29,7 millones de euros, por los 645 días que permaneció en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019 por una causa de la que resultó finalmente absuelto. La Audiencia Nacional en mayo de 2025 acordó que se le debía abonar la cantidad de 232.500 euros, cifra con la que no se conformaba al entender que la cuantía debía ser mayor para recoger el lucro cesante, lo que dejó de ganar por estar encarcelado.

En la providencia por la que el Alto Tribunal descarta admitir a trámite el recurso del empresario, los magistrados señalan que el asunto carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, es decir, no cumple con un requisito básico para que el Supremo entre a valorar el asunto. Lamenta que la representación legal de Rosell haya pretendido realmente la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del pleito, algo que es incompatible con la función de este tipo de recurso que busca una interpretación uniforme de las normas y depurar la jurisprudencia de errores.

La Audiencia Nacional dio la razón a Rosell al entender que, en contra de lo que sostenía el Ministerio de Justicia, debía ser indemnizado con 12.000 euros por el dinero que dejó de ganar por un contrato perdido, 50.000 euros por daños morales y 62.500 euros por lo que gastaron sus familiares para ir a verle a la prisión de Soto del Real. Y ahora el Alto Tribunal explica que los magistrados de ese tribunal especial no incurrieron en un apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente.

Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, fue enviado a prisión provisional por orden de la magistrada Carmen Lamela en mayo de 2017. La magistrada investigaba si el empresario y varios de sus socios habían urdido un entramado de comisiones ilegales salidas de la organización de partidos de la selección de Brasil, así como de un contrato con una marca deportiva, todo encuadrado en graves delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Tras 645 días en prisión provisional, en febrero de 2019 salió de prisión. Dos meses más tarde fue absuelto por la Sala de lo Penal tras un juicio en el que la Fiscalía había llegado a pedir once años de cárcel y multas de 59 millones de euros para él. Empezó entonces una reclamación para que el Estado le indemnizara con hasta 30 millones de euros, teniendo en cuenta no solo el daño reputacional y los gastos en que había incurrido para pagar su defensa, sino el dinero que dejó de ganar por la rescisión de varios contratos laborales.