Por qué la retirada de decretos ambientales podría ser catastrófica para la sustentabilidad ambiental en Chile
Recientemente se ha anunciado la retirada de 43 decretos ambientales impulsados por la administración anterior. Este evento representa un problema significativo que podría amenazar a la sustentabilidad ambiental en Chile en cuanto a biodiversidad, salud humana y cambio climático.
Entre los decretos retirados se encuentran por ejemplo los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, la actualización de la estrategia climática de largo plazo, el reglamento de la planificación ambiental estratégica. Se retiraron también normas ambientales importantes, vinculadas a contaminación ambiental atmosférica e hídrica (Lago Villarrica). Estas normativas tienen por objetivo asegurar la salud humana y evitar la emergencia de enfermedades crónicas en la población, asociado a la exposición a contaminantes ambientales.
Entre los decretos asociados a biodiversidad, se retiró la moción para la protección del pingüino de Humboldt como monumento natural (Spheniscus humboldti) y el plan RECOGE que busca la conservación de la ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii). Se detiene el proceso de evaluación de lista roja de especies amenazadas del reglamento de calificación de especies para este año, el cual es el principal instrumento para clasificar a las especies bajo categoría de amenaza con base en criterios científicos. Se retiró el decreto que establece el reglamento para la calificación de especies invasoras que permite establecer medidas de control y gestión de estas (como por ejemplo los castores o el visón). Fueron retirados reglamentos asociados a la conservación de ecosistemas tales como el reglamento de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos y el reglamento de clasificación de ecosistemas amenazados. Otro efecto negativo es la retirada de 8 áreas silvestres protegidas de alta importancia para la biodiversidad, en donde se encuentran las áreas marinas protegidas de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas equivalentes a 337.000 km2 (equivalente a 44.5% del tamaño de Chile continental). Estas últimas áreas marinas habían convertido a Chile en el tercer país con mayor protección de ecosistemas marinos en el mundo.
Los efectos que puede traer la retirada de estos decretos son altamente negativos sobre la afectación de las especies y ecosistemas que se encontraban sujetos a protección gubernamental, pudiendo quedar expuestos a ser afectados por proyectos de inversión extractivistas a futuro.
Otro punto fundamental es el congelamiento operacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP) , el cual depende de la creación de diferentes reglamentos que se encontraban en contraloría y que también han sido retirados. Esta última institución ha sido igualmente afectada por la salida de su director, quien fuera elegido mediante concurso público para la Alta Dirección Pública, la cual funciona con base en cualificaciones y experiencia profesional, sin consideraciones políticas.
Este acto de retirada de múltiples decretos ambientales representa un retroceso importante en el aseguramiento de la protección del medio ambiente. Bajo la perspectiva de Una Salud, la protección de la salud de los ecosistemas y especies funciona como un seguro para acceder a múltiples servicios ecosistémicos esenciales para la calidad de vida humana. Por otro lado, varios de esos decretos se referían al aseguramiento de la calidad ambiental que influyen directamente sobre la salud humana, sobre todo en lo que respecta a planes de descontaminación y normas de emisiones atmosféricas.
Es urgente que el ejecutivo retome el trámite de dichas normativas, ya que se pone en riesgo avances en materia ambiental que han tardado varias décadas en materializarse (por ejemplo, el SBAP comenzó a tramitarse el 2011). Cuando se habla de medio ambiente y biodiversidad no debe asignarse un valor político, las especies y ecosistemas poseen un valor inconmensurable para el patrimonio de Chile, el cual forma parte de la nación y su permanencia debe ser asegurada por el estado.
Por Dr. Alberto Alaniz, académico, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. Experto colaborador, Programa Lista Roja de Ecosistemas, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.