Cuando llega la hora de gobernar
Asuma un nuevo gobierno en Chile. Con ese cambio comienza también una transición menos visible, pero igualmente decisiva: el paso desde el lenguaje de la oposición al lenguaje de gobernar.
Durante años, buena parte de la política chilena ha aprendido a moverse en el registro de la oposición. Ese lenguaje —que denuncia, interpela y señala responsables— tiene una fuerza particular. Permite movilizar indignación, ordenar el conflicto político y ofrecer una claridad moral que resulta seductora frente a problemas complejos.
Mientras se está fuera del poder, ese lenguaje funciona. Ofrece una promesa implícita: bastaría corregir ciertos errores o reemplazar a quienes toman decisiones para que las cosas comiencen a funcionar mejor.
Pero gobernar es otra cosa.
Gobernar supone aceptar algo menos confortable: que los problemas públicos rara vez se resuelven solo identificando culpables. Gobernar implica negociar intereses, administrar recursos limitados y tomar decisiones que inevitablemente generan costos. Es un terreno mucho menos nítido que el de la denuncia.
Ese tránsito siempre ha sido difícil, pero hoy lo es aún más. El mundo atraviesa una fase marcada por la intensificación de las rivalidades entre grandes potencias, nuevas disputas por influencia económica y tecnológica y una creciente inestabilidad del orden internacional. Para países medianos como Chile, ese escenario significa márgenes de maniobra más estrechos y decisiones estratégicas más delicadas.
Gobernar en ese contexto exige prudencia, capacidad de negociación y claridad estratégica. Exige, en otras palabras, aprender un lenguaje distinto.
Sin embargo, en el debate político chileno persiste la tentación de seguir hablando como si se estuviera todavía en la oposición. Ese registro moviliza adhesiones y refuerza identidades políticas, pero también permite postergar la pregunta más difícil de la política democrática: qué decisiones concretas está dispuesto a tomar un gobierno cuando las consignas chocan con la realidad. Y esa es la pregunta que buena parte del país comienza a hacerse cuando llega la hora de gobernar.
El lenguaje importa porque delimita el campo de lo posible. Cuando el debate público se organiza casi exclusivamente en torno a denuncias o gestos de pureza política, la política termina reduciendo su propia capacidad de acción.
Gobernar exige ampliar ese vocabulario. Supone pasar de la acusación a la mediación, de la identidad a la responsabilidad y de la consigna a la política pública efectiva.
Eso implica algo que la política de oposición puede evitar durante mucho tiempo: decidir quién asume los costos de las decisiones públicas. Cada política concreta distribuye beneficios y costos, y en ese proceso aparecen los límites reales del poder político.
Ahí es donde el lenguaje de la oposición encuentra su límite. Desde la oposición es posible preservar la pureza de las posiciones; gobernar, en cambio, obliga a convivir con las imperfecciones de la realidad. Supone aceptar avances graduales, negociar con actores que piensan distinto y asumir decisiones que nunca serán completamente satisfactorias.
Las coaliciones que logran gobernar con mayor eficacia suelen comprender temprano esa diferencia. Saben que gobernar exige algo más difícil que tener razón. Requiere prudencia, imaginación institucional y la capacidad de construir acuerdos en contextos de conflicto.
Chile inicia este nuevo ciclo político en un escenario internacional más incierto y con desafíos internos considerables: una crisis persistente de seguridad, una discusión abierta sobre cómo reorganizar la economía chilena y reducir sus profundas desigualdades, expectativas sociales acumuladas y un sistema político que arrastra años de polarización y desconfianza.
En ese contexto, la pregunta sobre el lenguaje político no es menor. Porque mientras la política se exprese principalmente en el registro de la oposición, el país seguirá esperando las decisiones que gobernar exige.
Denunciar puede ser políticamente rentable.
Pero gobernar implica algo más difícil: asumir los costos de decidir.