Sin confianza no hay inversión

La inauguración hoy de la 89 Convención Bancaria en Cancún llega en un momento particularmente delicado —y, al mismo tiempo, decisivo— para la economía mexicana.

En uno de los principales foros de interlocución entre el gobierno, el sistema financiero y el sector empresarial, el diagnóstico vuelve a ser claro: México tiene una oportunidad histórica de crecimiento, pero también enfrenta riesgos que podrían frenarla si no se atienden con prontitud.

Los banqueros llegan a Cancún con una agenda conocida pero cada vez más urgente. El principal reclamo gira en torno a la falta de certidumbre jurídica, los cambios regulatorios constantes y el incremento en los costos fiscales.

Estos factores, advierten, no solo afectan la operación del sistema financiero, sino que inciden directamente en la disposición de crédito, en la inversión y, en última instancia, en el dinamismo económico.

No es un tema menor. En un mundo global donde el capital está a la búsqueda de destinos seguros, la certeza se ha transformado en un bien tan preciado como cualquier incentivo fiscal. Sin reglas claras, sin estabilidad regulatoria y sin un Estado de derecho sólido, el riesgo país se incrementa y el financiamiento se encarece. Es ahí donde el círculo comienza a cerrarse.

Pero la moneda tiene otra cara. Desde la óptica del empresariado y de amplios sectores productivos, el reclamo hacia la banca es igualmente contundente: hace falta más crédito y, sobre todo, crédito más barato.

Las tasas de interés, aunque han comenzado a moderarse, siguen siendo elevadas en comparación con otros mercados, lo que limita la expansión de pequeñas y medianas empresas, precisamente las que más empleo generan.

Así, el país parece atrapado en un círculo vicioso. La banca argumenta que, sin crecimiento económico sostenido y sin condiciones de certidumbre, no puede ampliar el crédito sin elevar riesgos. Los empresarios responden que, sin financiamiento accesible, el crecimiento simplemente no llegará. Y en medio de este dilema, la economía mexicana avanza por debajo de su potencial.

Romper este ciclo exige algo más que diagnósticos compartidos: requiere decisiones coordinadas.

Cada actor tiene una responsabilidad clara. La banca debe avanzar en la ampliación del crédito, innovar en productos financieros y mejorar sus condiciones de acceso, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.

El sector empresarial, por su parte, necesita fortalecer la formalidad, elevar su productividad y generar proyectos viables que demanden financiamiento.

Pero el papel del gobierno es, sin duda, el más determinante.

Durante el sexenio pasado, la relación entre el poder público y el sistema financiero estuvo marcada por la desconfianza. Los banqueros fueron, en más de una ocasión, señalados como responsables de prácticas abusivas, lo que contribuyó a un ambiente de confrontación que no favoreció la inversión ni la expansión del crédito.

Hoy, ese discurso parece estar cambiando. La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado señales más conciliadoras hacia el sector financiero. Funcionarios clave como Marcelo Ebrard, titular de Economía, y Edgar Amador, de la SHCP, han insistido en la necesidad de fortalecer la colaboración con los sectores productivos y de impulsar iniciativas como el llamado Plan México, que busca detonar inversiones y crecimiento.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en el discurso, sino en la coherencia de las acciones.

Mientras por un lado se invita a los empresarios y a la banca a participar en una estrategia de desarrollo económico de largo plazo, por otro se impulsan reformas que generan incertidumbre, particularmente en el ámbito institucional.

La discusión en torno al Poder Judicial y el sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han encendido alertas en los mercados y entre los inversionistas.

La percepción de que las reglas del juego pueden modificarse sin contrapesos efectivos es, quizá, el mayor obstáculo para construir confianza.

Y sin confianza, no hay inversión.

La Convención Bancaria de este año, por tanto, no solo es un espacio para el intercambio de ideas, sino una prueba de fuego para medir la capacidad del gobierno de enviar señales claras y consistentes.

La pregunta de fondo es si México está dispuesto a consolidar un entorno de certidumbre que permita aprovechar las oportunidades que hoy tiene frente a sí.

El fenómeno de relocalización de cadenas productivas, el llamado nearshoring, coloca a México en una posición privilegiada para atraer inversiones. La cercanía con Estados Unidos, la integración comercial y el tamaño del mercado interno son ventajas que pocos países pueden ofrecer.

Pero estas ventajas, por sí solas, no garantizan el crecimiento.

Se requiere un entorno institucional sólido, reglas claras y una política económica coherente. Se necesita, en otras palabras, confianza.

Si el gobierno logra alinear su agenda política con su estrategia económica, si apuesta verdaderamente por la certidumbre jurídica y si genera condiciones para una mayor inversión, el círculo vicioso puede romperse.