Diputados retiran respaldo a transportistas para ampliar plazo de reductores de velocidad
Los diputados que inicialmente habían manifestado su apoyo a los transportistas para otorgar una nueva prórroga en la instalación de reductores de velocidad en las unidades —una disposición vigente desde 2016— dieron marcha atrás. Aunque se esperaba que el tema figurara en la agenda legislativa para conocer la ampliación del plazo, finalmente ni siquiera fue incluido.
Hace unos días, Rony Mendoza, de la Gremial de Pilotos de Transportes, aplaudió el dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional —inusualmente allí, pues no es de su competencia— a una iniciativa de ley empujada por la bancada CABAL y, en particular, su jefe, Luis Aguirre —firmante del dictamen—, para conceder otra prórroga. Tomando en cuenta el sinfín de accidentes con cauda mortal, resulta sospechoso el apoyo a esa iniciativa.
Sin embargo, el panorama cambió tras el accidente ocurrido el fin de semana en la autopista Palín–Escuintla, que dejó cuatro víctimas mortales, luego de que un piloto de transporte pesado perdiera el control al invadir otro carril y colisionar con varios vehículos.
Varios transportistas solicitaron una audiencia ante la instancia de jefes de bloque, pero no se autorizó el permiso para escucharlos. La situación fue aprovechada por algunos diputados para dejar claro que no apoyarían la prórroga. “Dar un año de plazo para que no se aplique el regulador ni las multas significa que todos los accidentes y muertes que ocurran en ese tiempo recaerán sobre la conciencia y la responsabilidad de los diputados que voten a favor. Nosotros, como bancada Vos, no vamos a apoyar”, afirmó el diputado Jairo Flores.
Por su parte, el diputado José Inés Castillo cuestionó: “¿Qué cuesta controlar la velocidad?”. Añadió que el problema radica en que la Dirección de Transporte del Ministerio de Comunicaciones “se ha convertido en una guarida de mafiosos que han corrompido la regulación y las licencias del transporte”.
Castillo reconoció que anteriormente se había considerado otorgar una prórroga para evitar que el país se paralizara, pero aseguró que recientes tragedias obligaron a replantear esa posición. “Tuvieron que ocurrir los accidentes en el bulevar Los Próceres y en la autopista Palín–Escuintla para que reflexionáramos”, señaló.
Además, indicó que datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reflejan que alrededor de 2500 personas mueren cada año en accidentes de tránsito en el país. Al final, acordaron que la ley y el reglamento deben aplicarse sin dilación.
Ley antilavado y juramentaciones
La agenda de la sesión de hoy incluye avanzar con el primer debate de la iniciativa de ley antilavado. Para ello se requieren 107 votos, debido a que una resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que, cuando se discuta una normativa relacionada con grupos financieros y bancos, esta debe contar con el respaldo de las dos terceras partes del cuórum del Congreso.
También se prevé la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben asumir sus cargos el próximo 20 de marzo. Además, los diputados deberán conocer y aprobar el decreto que permita juramentar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), ya que las nuevas autoridades de ese tribunal deben tomar posesión del cargo el 14 de abril.