Yolanda Díaz eleva aún más la presión sobre las micropymes con "comisarios laborales" para detectar riesgos en las plantillas
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara otra ofensiva laboral para elevar aún más el control sobre las actividades empresariales, con una nueva reforma a la vista con la que pretende actualizar la normativa laboral, modificando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995, y el Reglamento de los Servicios Prevención, de 1997. En el primer caso, que nace de un acuerdo firmado entre Trabajo y los sindicatos (CC OO y UGT), pero sin el apoyo de las patronales CEOE y Cepyme -el enésimo desencuentro-, Trabajo reconvertirá a los delegados de prevención de riesgos en un tipo de "comisario laboral" que podrán visitar los centros de trabajo y reclamar a la empresa la adopción de medidas preventivas o de acciones para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. En cuanto al reglamento, la reforma abarcaría lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas para adecuarla a las modificaciones introducidas.
Así consta en el anteproyecto de ley para reformar la prevención de riesgos laborales que el Ministerio de Trabajo ha abierto a consulta pública y que recoge, entre otros cambios, la creación de esta nueva figura con mayores atribuciones legales, que podrá actuar en micropymes y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores y con la que Díaz pretende reforzar la prevención en empresas donde no hay representación sindical. Las nuevas competencias de estos delegados provocó el rechazo de plano de las patronales, que en las negociaciones previas decidieron no secundar el acuerdo, al entender que estas nuevas atribuciones "sobrepasaban los límites admisibles porque se convertían en una especie de comisarios sindicales y políticos", denuncian fuentes empresariales.
Y entre esas nuevas funciones, la normativa que pretende aprobar la ministra facultaría a estos pseudo inspectores para realizar visitas sorpresa en los lugares de trabajo pudiendo "acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores designados". También tendrían capacidad, con algunas limitaciones, a recabar "información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones" y proponer a la empresa "la adopción de medidas de carácter preventivo y acciones para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras" si consideran que los trabajadoras "están o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente". Estos agentes territoriales de prevención deberán ser designados en cada comunidad autónoma, por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector.
El anteproyecto regula también las infracciones y sanciones en materia de igualdad y no discriminación, tanto en el empleo como en el acceso al mismo, con la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que clarifica las posibles reducciones de la cuantía las sanciones impuestas por realizar el pago de estas con carácter previo a la resolución del procedimiento, cuyas reducciones podrían alcanzar el 40% en el importe de las multas cuando se cumplan, simultáneamente, varias condiciones: que la sanción propuesta tenga carácter exclusivamente pecuniario, y que el sujeto responsable proceda al pago con carácter previo a la resolución y renuncie al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa contra la sanción, algo que las patronales ven como una forma de "presionar a que las empresas reconozcan las infracciones por el mero hecho de reducir las sanciones", denuncian los empresarios.
Además, critican que el Ministerio limita "mucho" estas reducciones, que no serán aplicables cuando la infracción lleve aparejada sanciones accesorias; cuando la sanción se proponga por la comisión de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales relacionadas causalmente con un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o cuando la sanción se proponga en actas de infracción concurrentes con actas de liquidación por los mismos hechos.
Otro de los puntos de desencuentro entre patronal y Ministerio es que el anteproyecto obliga a la empresa a establecer, tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud, procedimientos de retorno al trabajo, con actualización de la formación preventiva en determinados supuestos. También a garantizar a los trabajadores la vigilancia de su salud física y mental, para lo que deberá prever la realización de pruebas y exámenes sanitarios específicos al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud, así como recoger datos sobre la exposición a riesgos laborales y sobre los daños derivados del trabajo.
El texto incluye la bonificación de la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales para empresas de menos de 10 trabajadores y establece que los delegados deberán contar al menos con formación de nivel básico, adaptada a cada sector. La norma reduce también los umbrales para constituir servicios de prevención propios (300 personas, 150 en actividades peligrosas) y limita a 10 el número máximo de trabajadores para que la empresa asuma personalmente la actividad preventiva. Asimismo, se actualiza lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas para adecuarla a las modificaciones introducidas.
Los empresarios también afean a Díaz que la memoria que acompaña al anteproyecto, al que se podrán hacer aportaciones hasta el 8 de abril, reconoce que estos cambios pueden tener un impacto económico en las empresas aunque evita detallar cifras. "Su adecuada adaptación podría requerir un mayor número de técnicos de prevención, en caso de que la empleadora opte por medios propios, o bien un incremento en los costes de los servicios de prevención ajenos, que previsiblemente se trasladaría a las empresas", apunta el anteproyecto que deberá superar una tramitación parlamentaria que, ahora mismo, no cuenta con apoyos suficientes. "Yolanda Díaz vuelve a hacer lo mismo de siempre, una reforma que al final la pagan los empresarios, que deben asumir siempre todos los costes", inciden fuentes de la patronal.