EE UU inicia el proceso de embargo de bienes de España
Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados por el Gobierno español han intensificado en las últimas semanas su estrategia global para ejecutar los laudos arbitrales pendientes de pago.
La ofensiva legal entra ahora en una nueva fase con el inicio de requerimientos judiciales en Estados Unidos destinados a identificar y eventualmente embargar activos del Estado español.
Este movimiento llega tras una serie de resoluciones favorables a los inversores en distintas jurisdicciones internacionales y se apoya, entre otros hitos, en recientes victorias judiciales en Singapur y Reino Unido.
En paralelo, en Estados Unidos varios tribunales federales han reconocido laudos arbitrales contra España como sentencias plenamente ejecutables, lo que permite activar mecanismos procesales para localizar bienes bajo jurisdicción estadounidense.
En total, son ya siete los casos en los que empresas demandantes han logrado resoluciones favorables ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Entre ellos figuran los expedientes de 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). La suma de estas reclamaciones asciende a 688,4 millones de euros, una cifra que continúa creciendo por la acumulación de intereses de demora.
Tras estas decisiones judiciales, los acreedores han solicitado autorización para registrar los laudos en otros distritos federales estadounidenses, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones financieras más relevantes del país.
En este contexto se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos, conocidos como «discovery orders», junto con la emisión de requerimientos judiciales (subpoenas).
Estas diligencias buscan identificar relaciones contractuales, cuentas bancarias, flujos de pago o cualquier otro tipo de activo localizado en territorio estadounidense.
Los requerimientos se han enviado a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español y entidades públicas con presencia en EE UU. También se han dirigido a compañías implicadas en proyectos o iniciativas vinculadas a España en el país, incluyendo algunas relacionadas con la organización del Mundial de Fútbol de 2026.
España acumula una deuda con sus acreedores que supera ya los 2.302 millones de euros.