La Fiscalía busca la colaboración del capitán de Valencia para dejarlo en libertad
La Fiscalía busca la colaboración del capitán de la Guardia Civil del Puerto de Valencia, Jesús Fernández Bolaño, para valorar su puesta en libertad, según explican fuentes jurídicas. El mando de la Benemérita está ingresado en una cárcel militar de Madrid desde que fuese detenido en diciembre de 2024 por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Bolaño declaró voluntariamente el pasado martes durante casi dos horas. Lo pidió a principios de este año, tal y como contó este periódico, porque quería aportar «mayores» datos sobre la investigación. Se le acusa de colaborar en un entramado criminal dedicado a introducir en España grandes cantidades de cocaína. En la causa se investiga un alijo de 1.140 kilos de droga. Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) le atribuye varios papeles, desde conocer los contenedores «contaminados» con drogas que pertenecían a la organización hasta convertirse en «inversor» de sus socios. En los registros en su vivienda encontraron 190.000 euros.
El Ministerio Fiscal busca su colaboración en varios puntos para decidir si le deja en libertad, según fuentes jurídicas. El primero, que dé acceso a varios de los teléfonos móviles que se le incautaron facilitando las contraseñas. Y después, que se someta a una pericial de voz para cotejar si es él quien aparece en los cientos de horas de grabación que obran en el sumario.
Las defensas cuestionan esas pruebas, fundamentales en la investigación. Creen que Asuntos Internos utilizó los micrófonos de los teléfonos móviles de los acusados para grabar las reuniones que mantuvieron, presuntamente, para organizar las entradas de la droga. El abogado de uno de los acusados, Francisco Galiana, ha pedido que el SAI responda a esta cuestión de manera lacónica: «sí o no».
El sumario contiene infinidad de seguimientos y fotografías en las que Bolaño acudió a reuniones con el presunto capo de la organización, Guillermo Tormo, vestido de uniforme. También habría utilizado coches oficiales rotulados. Su abogado, Vicente San Martín, asegura que en realidad el mando policial lo hacía para ganarse la confianza de los presuntos criminales. Bolaño explicó ante el juez que entre sus funciones en la Guardia Civil ha estado el de coordinar y dirigir operaciones con agentes encubiertos, aquellos que se infiltran entre los investigados.
La detención de Bolaño causó una importante conmoción en la Guardia Civil. Llevaba una década al frente de la sección de Fiscal y Fronteras del Puerto de Valencia, lo que le daba un gran conocimiento de todo lo que pasaba en las instalaciones. La investigación desveló que el entramado utilizó dos formas de introducir la droga. Por un lado, usaban «flat racks», unos contenedores industriales que no tienen techo ni paredes laterales, y los perforaban para introducir la droga entre la estructura. El segundo era más convencional, y se basaba en la importación de frutas desde Sudamérica.
Más agentes
Para conseguir sacar la droga del Puerto de Valencia, el juez sospecha que Bolaño no trabajaba solo. A finales de septiembre del año pasado, el instructor encargó dos pruebas caligráficas para otros dos guardias civiles destinados en la instalación portuaria. Las firmas de estos dos funcionarios aparecen en los documentos de salida de los contenedores que llevaban droga en su interior.
Esos permisos se generan en el momento en el que la mercancía va a abandonar el puerto, y sirven para certificar que ha sido revisado y está «limpio». Asuntos Internos encontró en el móvil de un investigado que el primero de esos guardias tenía en su poder uno de esos permisos antes de la fecha en el que se produjo la salida. El segundo agente bajo sospecha «aparentemente manipuló» uno de esos papeles escribiendo la fecha a bolígrafo sobre el propio estampado para «dificultar la nitidez del dígito», recoge el sumario.
Paralelamente, la investigación ha sacado a la luz la posible participación del capitán Bolaño en otros dos envíos de droga. El juez De Jorge investiga si estuvo relacionado con dos cargamentos que salieron desde Sudamérica a Leixoes, en Portugal, como desveló «El Independiente». El juez defendió el pasado noviembre la idoneidad de mantener la causa del mando de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional, ya que su organización «podrían ser considerados jefes» en estas operaciones.
El magistrado cree que la más de una tonelada de Valencia «sería sólo una rama» del grupo criminal. En concreto sospecha, por un lado, de tres contenedores que salieron del puerto de Itapoa, en Brasil, que portaban pellets. Entre la mercancía, los agentes encontraron 305 kilos de cocaína repartidos en 280 envases y que llegaron a Portugal a principios de diciembre de 2024, fecha en la que Bolaño fue detenido. Por otra parte, las sospechas se centran en otros dos contenedores que partieron de Buenaventura, en Colombia, con destino a Leixoes y que llegaron en enero de 2025.