El Gobierno descarta bonificar el precio de los carburantes y la rebaja del IVA de los alimentos por la guerra en Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno prepara un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis: el campo y el transporte por carretera.

Así lo ha trasladado tras reunirse este jueves con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo, aunque Cuerpo ha indicado que están todavía evaluando todas las medidas, es la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

Según el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido han criticado la medida de la bonificación al combustible por ineficaz. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan", ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas "en el ámbito fiscal".

Además, no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", ha afirmado Cuerpo, pero sin concretar la fecha exacta.

Sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una "atención especial" a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.

Plan de medidas del Gobierno

Junto con estas medidas, Cuerpo ha descrito lo que define como el "esqueleto" del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que se basará en el "rigor", la "responsabilidad" y la "flexibilidad" para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.

Este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo "un seguro de vida" para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la "minimización" del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.

Prohibir cortes de suministro a los vulnerables

Completan los cuatro pilares la voluntad de "atender al impacto de la subida del precio de los combustibles", con ayudas a sectores como el campo y el transporte y mediante la "vigilancia" de la evolución de precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y el escudo social, para lo que "ya están preparadas" algunos mecanismos como los ERTE en caso necesario, y a las que se podrían sumar medidas relacionadas con "la protección a los más vulnerables", como fueron en el caso de Ucrania las relacionadas con la prohibición del corte de suministro, ha ejemplificado.

El ministro ha marcado distancias entre la situación actual, con la guerra originada por Estados Unidos e Israel, y la de 2022, de Rusia en Ucrania, y ha comparado que ahora "no se dan las condiciones" para activar la cláusula de escape, que permitiría elevar el gasto público sin incurrir en déficit, al contrario de lo que sucedió entonces.

"No estamos en la misma situación y esto se traduce también en que en el marco europeo no tenemos la misma flexibilidad" para implantar medidas como esa cláusula de escape general, que ofrecía "un marco en el cual se podían utilizar los recursos públicos sin tener que cumplir con el marco de reglas fiscales", ha aclarado.

"Ahora tenemos un marco que está en vigor, y la Comisión Europea ya ha adelantado que no se dan las condiciones de recesión económica como para que se active esta cláusula general", puntualiza.

Esas diferencias, ha indicado, también se observan en los precios del gas (de los 100-200 euros con la guerra en Ucrania a los alrededor de 50 euros por la de Irán), al tiempo que ha recordado que la posibilidad de aprobar de nuevo un posible tope del gas, como sucedió con la llamada 'excepción ibérica', lo tendría que decidir Bruselas y acordarse con Portugal.

"Veamos cuál es la discusión que se produce y en qué términos para ver hasta qué punto este tipo de mecanismo está en estos momentos en la mente también de las autoridades europeas", ha planteado.

"En cualquier caso en España, con esta experiencia que tuvimos en el año 2022, ya está todo preparado por si fuera necesario para implementar el mecanismo ibérico", ha añadido.

Impacto sobre la inflación

Respecto a los efectos del conflicto actual, Cuerpo ha mencionado en concreto que su ministerio no está viendo un impacto negativo sobre la afiliación a la Seguridad Social de marzo, que "se sigue comportando con normalidad", ni sobre el Producto Interior Bruto (PIB): "No hay ninguna estimación clara o aterrizada sobre un posible impacto" en el PIB, y por tanto en el cuadro económico, ha celebrado.

Por el contrario, sí espera que se vayan a ver afectados los datos de inflación de marzo y abril, si bien la duración del conflicto será la que determine si el efecto es "transitorio" o no.

CCOO y UGT no prevén impacto en el empleo

A su salida del encuentro, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, han asegurado que no ven aún impacto del conflicto en Oriente Próximo en el empleo y que no prevén que se produzca ni a corto ni a medio plazo.

No obstante, han llamado a la tranquilidad porque, en materia de empleo, los mecanismos previstos en caso de que el conflicto escale ya están en la ley y, otros que habría y podrían activarse, como el Mecanismo RED, cuando toque, se abordarán.

Sordo ha afirmado que desde las organizaciones sindicales han defendido que cualquier medida que lleve un gasto fiscal tiene que conllevar una contención de los precios para las familias.

"Cualquier movilización de recursos públicos, cualquier medida fiscal que se adopte para favorecer la contención de los precios tiene que servir para eso, para favorecer la contención de los precios. No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin control de esos precios porque hemos visto que, si no, sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales", ha expuesto.

En este sentido, Álvarez ha indicado que las acciones deben ser "selectivas" y tener una relación directa con los sectores, con las familias y con las personas que vean mermada su capacidad económica como consecuencia de la crisis derivada del conflicto en Irán.

Así, ambos sindicalistas han rechazado una bajada generalizada de impuestos, lo que, a juicio de Sordo, lo que supondría "desarmar fiscalmente" al Estado cuando más se necesita de su acción. En este sentido, Álvarez cree que no se trata de quitar el "IVA sin más", sino de actuar sobre los impuestos que más impacto tienen entre los ciudadanos más afectados.

Álvarez ha abogado por la transparencia porque grandes compañías petrolíferas ya ofrecen los precios del litro del combustible a unos 2,15 euros el litro cuando el precio medio de gasóleo está en unos 1,8 euros.