Glovo anuncia un ERE que afectará a un máximo de 750 repartidores
Glovo ha comunicado este miércoles la apertura del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para acometer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 750 repartidores. La compañía justifica la medida en la necesidad de ajustar su operativa en determinadas ciudades para evitar el cierre total del servicio en esas zonas.
"Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades (63 en concreto) en diferentes provincias de España para evitar su cierre. Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual", señalan desde la plataforma. "Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app", añade la compañía.
En los comunicados remitidos por Glovo a los representantes de los trabajadores de localidades afectadas -ubicadas algunas de ellas en Andalucía, Cataluña, Islas Canarias, Baleares, Extremadura y Castilla y León, entre otras-, la compañía señala "causas organizativas y productivas, derivadas de la necesidad de adaptar la estructura operativa de la compañía para garantizar su viabilidad y competitividad". Glovo habla de una "caída de la calidad del servicio" especialmente en poblaciones "de tamaño medio y pequeño" por el modelo actual de reparto.
Esta decisión llega menos de un año después de que Glovo culminara la transición hacia un modelo laboral basado en repartidores asalariados, tras años de presión por parte del Gobierno, la Justicia y la Inspección de Trabajo para abandonar su sistema de reparto con riders autónomos, pese a que la compañía nunca dejó defender su legalidad. En julio del año pasado, la plantilla de repartidores contratados directamente por la empresa rondaba los 14.000 trabajadores.
Los despidos afectarán los repartidores contratados, pero Glovo también trabaja con empresas subcontratadas que le proporcionan flotas de repartidores. Riders consultados por LA RAZÓN señalan a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su Ley Rider como responsable de la precarización del sector del delivery y de los despidos que no solo acometerá Glovo, sino que -temen- podrían extenderse también a Uber Eats. La plataforma de las mochilas verdes era la única del mercado español que seguía operando con autónomos, pero en enero anunció también su cambio a un modelo asalariado después que Trabajo amenazase con imponerle una denuncia penal.
"El miedo es atávico. Vamos a perder los puestos de trabajo. Es el discurso permanente. No es así. Los beneficios de estas empresas son extraordinarios y son a costa de ellos (los repartidores)", dijo Díaz en un debate de Salvados con una repartidora a finales de 2020. Sin embargo, aunque la norma aprobada en mayo de 2021 se ha vendido como una conquista de derechos, los perjuicios han pesado más: destrucción de empleo, pérdida de flexibilidad, salarios más bajos y costes de reparto más caros para los clientes.
"No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la Ley Rider. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo garantizaremos que Glovo cumpla", replicó Yolanda Díaz a través de sus redes sociales.