González Amador ve "frívolo" que García Ortiz considere que ha "sobredimensionado" su defensa para inflar las costas

Alberto González Amador ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que rechace las pretensiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de recudir las costas de su defensa, casi 80.000 euros, que debe pagar el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras su condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por filtrar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa del empresario argumenta que la tasación de sus honorarios en 78.382,32 euros es "ajustada a derecho" dada la "complejidad material y procesal de la causa" contra el entonces fiscal general -que fue condenado además a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar al empresario con 10.000 euros por daños morales- y el "esfuerzo realizado y tiempo dedicado" en el procedimiento.

El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos considera además que la cantidad fijada incluya la actualización del incremento del IPC desde 2013, cuando se fijaron los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) utilizados para determinar esos honorarios. Según pone de manifiesto, "la minuta del letrado es proporcional al esfuerzo por él realizado, el tiempo dedicado, y el resultado obtenido".

"Volumen de trabajo"

La defensa del novio de Ayuso afirma que la Fiscalía no motiva por qué impugna las costas del proceso. "No precisa si la impugnación se formula por indebidas, por excesivas, o por ambos motivos, ni indica cuál sería, a su juicio, el importe correcto de la tasación ni las razones que justificarían su eventual reducción". Se limita, dice, a solicitar "una revisión individualizada de los escritos incluidos en la minuta".

Y hace hincapié en que esos honorarios "han sido tasados conforme a los Criterios Orientadores del ICAM" con el fin de garantizar que el cálculo de la minuta se realiza "mediante la aplicación de escalas objetivas, y en el marco de un procedimiento transparente y susceptible de control judicial".

No obstante, matiza, no se trata de una aplicación automática de esos baremos, que deben adecuarse -defiende- a la complejidad del procedimiento y al "volumen de trabajo" al que tuvo que hacer frente.

"Inconsistencia"

En cuanto a la apreciación de la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, reprochando a la defensa de González Amador que haya "sobredimensionado" la dificultad del asunto "para elevar los honorarios reclamados", el letrado califica de "frívolo" ese argumento.

Su "inconsistencia", recalca, "se evidencia con un dato objetivo: de no haber existido tal complejidad, no hubiera sido necesaria la presencia de dos abogados del Estado y dos representantes del Ministerio Fiscal durante el desarrollo de las sesiones de juicio oral".

Por otro lado, expone que "la divulgación del objeto material del delito por los medios de comunicación, uso político y relevancia mediática de los hechos del proceso ha supuesto una complejidad adicional a nivel procesal". En la medida en que, resalta, "se adoptaron medidas para evitar filtraciones" y "se elaboraron y presentaron escritos denunciando filtraciones del sumario".

Para el abogado de González Amador resulta "irrelevante" que la Sala de Apelaciones no condenase en costas a la defensa por ninguno de los 15 recursos de apelación formulados, pues "lo determinante a efectos de la tasación es que dichos recursos obligaron a esta representación a preparar y presentar quince escritos de impugnación".

En cuanto a la minuta de la procuradora, incide en que se calcula "conforme a arancel, aunque precisa que debe reducirse por "un error" en 178,49 euros más IVA, quedando así fijada en 2.075,79 euros.

Dos fiscales y dos abogados del Estado

Rodríguez-Ramos detalla en su escrito la cuantía asignada a cada conceptos y, por ejemplo, defiende que cuantificar en 1.500 euros el escrito de querella no puede considerarse excesivo. Para su preparación, subraya, "se requirió, además de un profundo estudio técnico sobre el carácter reservado de la información divulgada, el delito de revelación de secretos y de acceso no autorizado a datos reservados, un estudio de los artículos publicados por todos los medios de comunicación nacionales entre los días 12 y 18 de marzo de 2024".

En cuanto a la asistencia al juicio, que según pone de manifiesto la Abogacía del Estado para intentar reducir la cuantía de las costas "se desarrolló en seis sesiones sin incidencias que exigieran una preparación extraordinaria", el abogado del novio de Ayuso replica que si eso era así "¿por qué se habilitó a un abogado del Estado adicional para su comparecencia en fase de juicio oral?". Ese argumento, afirma, es "del todo falso e incoherente".

Defiende el dictamen del ICAM

Y respecto a la tasación a cuenta de la declaración de García Ortiz en el juicio, expone que el hecho de que no respondiera a sus preguntas, algo que no podía conocerse con anterioridad, no evitó que tuviera que dedicar "tiempo y esfuerzo a la preparación" de esa comparecencia, "siendo esta una declaración clave para el esclarecimiento de los hechos".

Por último, en lo que hace referencia al preceptivo (aunque no vinculante) dictamen del ICAM cuando los honorarios se impugnan por excesivos, señala que el hecho de que el Colegio de Abogados de Madrid haya intervenido en el procedimiento contra el fiscal general como acusación popular "no permite cuestionar la profesionalidad, objetividad e independencia de su órgano de gobierno en la emisión del referido dictamen".