Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

El próximo 24 de marzo, 12 candidatos presidenciales debatirán sus propuestas en las materias de inseguridad ciudadana y corrupción con miras a las Elecciones 2026. Los partidos convocados son Somos Perú, Cívico Obras, Perú Libre, JPP, Perú Moderno, PRIN, Fuerza y Libertad, Fe en el Perú, SíCreo, Democrático Federal, Perú Acción y Unido Perú.

Las propuestas están divididas. Mientras que algunos proponen la muerte civil para corruptos, otros plantean eliminar las leyes pro crimen; otros tantos buscan sacar al Perú de la CIDH e implementar la pena de muerte. No obstante, unos pocos se comprometen a eliminar las leyes procrimen y prevenir los delitos con educación.

El primer ciclo del debate tendrá cuatro enfrentamientos entre tres candidatos. El primer grupo estará conformado por Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont. El segundo lo integrarán Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Massé. El tercero lo conformarán George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico, mientras que el cuarto grupo tendrá al prófugo Vladimir Cerrón, a Roberto Sánchez y Walter Chirinos.

El segundo bloque del debate tendrá preguntas ciudadanas. El tercero tendrá enfrentamientos del debate sobre la lucha contra la corrupción. Primero se enfrentarán Carrasco, Forsyth y Diez-Canseco; luego Massé, Espá y Belmont. Después, Jaico, Chirino y Paz de la Barra. Finalmente, estarán Sánchez, Cerrón y Molinelli.

Inseguridad ciudadana

La República revisó los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. En el primer grupo, Carrasco propone que las personas que no estudian ni trabajan vayan al servicio militar obligatorio y la cadena perpetua para los acusados de corrupción y sicariato. Mientras tanto, Paz de la Barra plantea la prevención, detección y sanción de delitos, sin explicar tanto detalle. Similar situación pasa con el partido de Belmont, que plantea reestructurar la PNP, la Fiscalía, el INPE y el Poder Judicial. Carrasco va un poco más allá: intentará derogar las denominadas leyes procrimen, pero propone —lo que es considerado un populismo— sacar al Perú de la Convención Americana y la pena de muerte.

En el segundo grupo, Diez-Canseco no se distancia de las propuestas de Carrasco: salir de la CIDH, pena de muerte y cadena perpetua para corruptos. Además, promete castigar severamente los delitos menores y el cumplimiento de penas sin reducción, así como la expulsión de extranjeros delincuentes y la instalación de bases militares en fronteras. Molinelli da más propuestas: crear un Comando Unificado contra la criminalidad, el trabajo conjunto entre las fuerzas del orden y el Poder Judicial y Fiscalía, al igual que reformar la PNP. El uso de inteligencia moderna y especializada y la protección de víctimas son otras propuestas que llevaría a cabo junto con el patrullaje y videovigilancia. Mientras tanto, Massé apuesta por la distribución regional de 100.000 policías, el uso de sistemas tecnológicos integrados, equipamientos y educación para prevenir el delito, así como el Centro de Ciberseguridad Nacional, red de comunicaciones seguras y una guardia nacional.

En el tercer grupo, Forsyth cuenta con más propuestas, como la restitución de la extinción de dominio contra los delincuentes que tengan una acusación fiscal, el fortalecimiento de la UIF-SBS, la implementación de inteligencia artificial estratégica, unidades especializadas y la colaboración eficaz. Por su lado, Espá apunta a prevenir el delito, detectarlo y sancionarlo. Jaico va por otra parte: modernizar y moralizar a la PNP, dictar leyes más severas contra los delincuentes y desarrollar políticas de prevención y la rehabilitación de los jóvenes sumidos en el pandillaje. Además, busca la construcción de megapenales.

El cuarto grupo, Cerrón se inclina por una política integral con enfoque preventivo y de derechos con una articulación de las instituciones; reconstruirá a la PNP e implementará el acceso a educación, deporte y empleo digno para los jóvenes como medidas de prevención. Sánchez coincide en reestructurar la PNP, pero también apunta a crear el Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y el rastreo de extorsiones. Es de los pocos candidatos que es muy enfático en su intención de derogar las leyes pro crimen y contar con el servicio militar voluntario. Chirinos busca darle mayor infraestructura, equipamiento y personal a la PNP y que esta institución junte sus esfuerzos con la Fiscalía. El uso de la IA también es parte de su propuesta y la creación de un banco de datos y el Centro de Lucha contra la Criminalidad. Los megapenales, laboratorios de criminalística, cámaras con IA con reconocimiento facial y de placas serían lo nuevo en un eventual gobierno.

Lucha contra la corrupción

Ahora bien, en la lucha contra la corrupción, Carrasco plantea que haya jueces sin rostro y la muerte civil para las autoridades acusadas por este delito, la inhabilitación de por vida para dichos funcionarios, así como el embargo de sus bienes y propiedades; rotación de trabajadores en las instituciones y una oficina anticorrupción para combatir ese ilícito figuran entre sus propuestas. Forsyth apunta a una reforma para la elección de altos funcionarios en el TC, Defensoría del Pueblo, Contraloría y JNJ. Además, promueve que el Congreso no tenga injerencia ni competencias en esa decisión de selección. Aunado a ello, el uso de inteligencia artificial anticorrupción para detectar presuntos actos de corrupción en tiempo real, antes de que pueda consumarse el delito. Auditorías aleatorias, una plataforma nacional de integridad pública son otras propuestas. Diez-Canseco propone pena de muerte para los funcionarios corruptos y la cadena perpetua para este delito y lo relacionado con ello.

En el segundo grupo, Massé plantea una reforma del Estado y la apertura de datos para reducir las autoridades públicas y combatir la corrupción, el uso de la tecnología para transparentar la gestión pública (contratos, decisiones, funcionarios y recursos). Además, como "medida clave" propone tipificar como delito de traición a la patria la corrupción grave (25-35 años de cárcel). Por su lado, Espa propone nombrar un Zar anticorrupción, la prueba del polígrafo, fortalecer el rol de la Contraloría y mecanismos de extinción de dominio. Belmont apuesta por crear ventanillas únicas en municipios para disminuir los índices de percepción de corrupción en trámites municipales.

En el tercer grupo, Jaico plantea la muerte política para condenados por corrupción en primera instancia y eliminar la inmunidad presidencial y el secreto bancario de las autoridades. Igualmente, planteará la prescripción de delitos contra la función pública. Chirinos busca consolidar el Sistema Nacional de Integridad para prevenir el delito y sancionar efectivamente y crear el Consejo Nacional Anticorrupción autónomo para investigar a altos funcionarios e impulsará la ley de arrepentimiento eficaz. Paz de la Barra impulsará la transparencia en compras públicas y el fortalecimiento de sistemas de control.

En el cuarto grupo, Sánchez plantea la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y la inhabilitación perpetua. Adicionalmente, se fundará el control social a cargo de las veedurías ciudadanas que actuarán en los ámbitos nacional, regional y local. El prófugo Cerrón espera erradicar la corrupción del Estado con el fortalecimiento de la independencia judicial, fiscalización ciudadana y sanciones efectivas. Molinelli implementará un portal de transparencia avanzado; se contará con la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

Vladimir Cerrón deberá asistir presencialmente al debate: no podrá participar virtualmente, asegura JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el debate presidencial 2026 será de manera presencial. El presidente de la institución, Roberto Burneo, explicó que el reglamento aprobado descarta la posibilidad de que la intervención de los candidatos sea virtual y, además, prohíbe que sea reemplazado por otro miembro de la fórmula presidencial.

Es decir, si Cerrón desea participar, deberá hacerlo presencialmente, a pesar de tener una orden de captura por una prisión preventiva en su contra.