Archivan la denuncia contra Adolfo Suárez por abuso sexual: los hechos han prescrito por estar fallecido
El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas que se habían abierto tras la denuncia contra el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, por presuntos abusos sexuales.
Tal y como ha adelantado RTVE, la decisión se toma tras constatar que el denunciado había fallecido y que los hechos referidos, que se remontan a la década de los ochenta del siglo pasado, han prescrito.
En el dictamen de archivo al que ha accedido el medio citado, se alude a "unos hechos que se produjeron entre marzo de 1983 y agosto de 1984 y que tienen cabida en un delito de abuso sexual y agresión sexual". "El primer incidente" se sitúa cuando la denunciante tenía 17 años y, por tanto, era menor de edad, tal como figuraba en la denuncia presentada el pasado mes de diciembre.
"Más favorable al expresidente"
Más allá de constatar que Suárez había fallecido, el juzgado ha decidido aplicar en este caso el plazo de prescripción del Código Penal de 1973, al considerarlo "más favorable" para el expresidente o cualquier otra persona denunciada.
No se ha aplicado la legislación vigente, que establece que, cuando la víctima es menor de edad, el cómputo del plazo no empieza hasta que cumple 35 años. El juzgado argumenta que aplicar la normativa actual en este caso supondría una vulneración de la Constitución.
"Reconoce los delitos"
La denunciante, identificada con el nombre ficticio de Ariadna, ya había anticipado este desenlace, aunque se ha mostrado satisfecha al considerar que el juzgado "reconoce los delitos". "Me llama la atención que no me hayan citado para tomarme declaración y aportar más datos", ha lamentado.
Ariadna todavía no ha decidido si recurrirá, ya que el archivo no es definitivo y tiene entre tres y cinco días hábiles para tomar una decisión.
La presunta víctima ha adelantado que le gustaría volver a reunirse con la ministra, Ana Redondo, con quien ya mantuvo un encuentro el 7 de enero, y ha acusado al Gobierno de "no hacer nada" para evitar la revictimización a la que se refiere.