Puertas tapiadas y restricciones en el padrón: descubre todos los puntos que incluye la ley antiokupas del PP
El pasado 13 de febrero, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados su ley antiokupación con múltiples cambios. Tras la aprobación en el mes de noviembre de la "ley Feijóo" en el Senado, los populares han trasladado su normativa a la Cámara Baja.
El nuevo texto presentado recoge varias novedades legislativas. Entre ellas se encuentran que el propietario pueda cortar los suministros sin que sea considerado delito, la posibilidad de tapiar las puertas si existe riesgo de okupación, el desalojo exprés de los okupas y separar jurídicamente el concepto de domicilio protegido del de okupado ilegalmente.
Recuperación inmediata de la vivienda
El escrito asegura que "la ocupación ilegal de una vivienda, constituida por la tenencia o posesión de un bien de manera ilegal por carecer de título jurídico alguno para ello que la haga legítima, es una vulneración del derecho al disfrute de la vivienda por el legítimo titular, reconocido como principio rector de la política social y económica por el artículo 47 de la Constitución Española".
En este contexto, la ley encabezada por Feijóo señala en su artículo número 3 que "los dueños podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento".
La disposición final indica que "en el plazo de dos meses" tras la aprobación de la norma, el Gobierno modificará la legislación tributaria de forma que, "en supuestos de ocupación ilegal, se reconozcan a los legítimos propietarios que sean devueltas las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre el Patrimonio, por el periodo que haya durado la ocupación".
Endurecer las penas hasta tres años de prisión
El Partido Popular pretende cambiar el Código Penal con el fin de endurecer las penas para los okupas hasta tres años de cárcel. Asimismo, buscan que el artículo 172 establezca que "la interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".
También proponen modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se lleve a cabo el desalojo exprés. Siguiendo esta línea, también quieren reformar la ley de propiedad horizontal y que determine que "en caso de que alguna de las viviendas se encontrara vacía y existiera riesgo de que resultara ocupada ilegalmente, el presidente pondrá el conocimiento del propietario la posibilidad de adoptar medidas preventivas, tales como tapiar, cerrar puertas o ventanas o instalar sistemas antiocupación".