Aviso: el 30% de las pymes entrarán en pérdidas por la subida del SMI según la patronal
- Una microempresa en retroceso
- Sectores al límite
- Destrucción de empleo
- Menos contratación en las empresas más pequeñas
- Críticas al intervencionismo
- La firma del nuevo SMI
El 30% de las pymes podría entrar en pérdidas como consecuencia de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Es la advertencia que lanza la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que sostiene que el incremento acumulado de los costes laborales está asfixiando a las empresas más pequeñas, y por ello anticipa más cierres y menos empleo, especialmente en territorios donde la microempresa es el único tejido productivo.
La presidenta de la patronal, Ángela de Miguel, reconoce a Confidencial Digital que están “francamente preocupados” porque quienes pagan el salario mínimo son, en su mayoría, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial español.
“Se toman decisiones sin pensar y sin tener en cuenta a las pymes”, lamenta.
Una microempresa en retroceso
El foco de la preocupación está en la microempresa. Según CEPYME, en los últimos cinco años han desaparecido 23.000 microempresas, principalmente por el aumento de los costes.
La subida del SMI —que acumula un incremento del 66% desde 2018— supone, en palabras de la patronal, “un aumento más de esos costes laborales que están absolutamente desbocados”.
De Miguel advierte de que el crecimiento económico del que presume el Ejecutivo no está llegando a todos. “Aquí hablamos de crecimiento, pero lo que no se está dando es prosperidad. Estamos dejando a los grandes olvidados, que son las empresas más pequeñas de muchas partes de España y de muchos sectores que lo están pasando realmente mal”.
La previsión de la organización es clara: si un tercio de las pymes entra en pérdidas, el resultado será un aumento de cierres, sobre todo en los territorios que más apoyo necesitan.
Sectores al límite
Los sectores más expuestos son los más intensivos en mano de obra. La patronal cita expresamente al sector agrario, buena parte del sector servicios y las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas.
En estos casos, el problema es doble. Por un lado, el incremento de costes laborales. Por otro, la imposibilidad de repercutirlos en el precio final, especialmente cuando existen contratos públicos firmados con anterioridad.
El impacto territorial tampoco es homogéneo. España, recuerda la patronal, es diversa. En provincias como Huesca, el 82% de los salarios ya están absorbidos por el SMI, lo que deja prácticamente sin margen la negociación colectiva.
Destrucción de empleo
CEPYME respalda sus advertencias en un estudio propio realizado en 2022. Según ese informe, las subidas del SMI aprobadas desde 2018 han provocado la desaparición de 217.500 empleos.
En concreto, el alza del 35,9% del salario mínimo entre 2018 y 2022 —de 735,9 euros mensuales a 1.000 euros— habría generado la destrucción directa de 71.600 puestos de trabajo y evitado la creación de 145.900 empleos adicionales.
La patronal advirtió de que este escenario se producía en un contexto en el que los costes empresariales llevaban varios trimestres creciendo por encima del 20%, mientras que las ventas mostraban signos de desaceleración.
Menos contratación en las empresas más pequeñas
Uno de los efectos ya visibles, según CEPYME, es la caída en la contratación por parte de las microempresas. En el último año, estas han contratado 3.000 trabajadores menos, mientras que las grandes compañías han incorporado 300.000 empleados más.
“En un momento de crecimiento económico teníamos que estar creciendo todos, no solo las empresas más grandes”, señala De Miguel, quien alerta de que la microempresa se está quedando fuera del ciclo expansivo.
La patronal plantea, además, una cuestión social: en muchos barrios y en numerosos municipios rurales, las únicas empresas existentes son microempresas.
Críticas al intervencionismo
CEPYME y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han denunciado, en un comunicado conjunto, lo que consideran una falta de respeto al diálogo social por parte del Gobierno, al filtrar a los medios una propuesta de actualización del SMI antes de llevarla a la mesa de negociación.
Las organizaciones empresariales critican que se sustituya la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por “la política del anuncio y la puesta en escena”.
Además, consideran que las fórmulas planteadas para compensar el impacto en contratos públicos no cubren realmente los costes derivados de la subida.
A su juicio, la medida excluye a autónomos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y, de forma “insólita”, a empresas en pérdidas, precisamente las que más lo necesitarían. “Es puro intervencionismo”, sostienen.
En la misma línea se ha pronunciado Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), quien ha cuestionado que se justifique la subida del SMI apelando a los beneficios empresariales.
Según sus datos, el impacto no se encuentra en grandes compañías, sino en sectores como el comercio —con 13.000 autónomos menos en 2025—, el agrario —con 19.000 empleos perdidos— o el régimen de hogar.
“8.000 autónomos empleadores menos en el último año, 1.500 autónomos menos en el sector agrícola y 1.300 en industria y 4.900 en transporte”, concluye.
Amor plantea que el Gobierno debería tomar las siguientes medidas: subir los salarios públicos un 3,1%, incluidos los médicos que están de huelga; deflactar la tarifa de IRPF a los trabajadores para que ganen más poder adquisitivo; y aplicar la subida del SMI a los contratos públicos.
La firma del nuevo SMI
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó esta semana con los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) la subida del SMI en un 3,1% para 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas (17.094 euros brutos al año).
Díaz defendió que la medida permitirá “volver a mejorar la vida de la clase trabajadora”.
Según el Ministerio, la subida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y quedará exenta de tributación en el IRPF.
Díaz afirmó que el SMI “no destruye empleo, sino pobreza” y defendió que el incremento acumulado del 66% ha servido para reducir la brecha salarial en un 20%.
Desde los sindicatos se insiste en que el salario mínimo sigue siendo de mera subsistencia, y recuerdan que España aún está lejos de los niveles de Francia, Bélgica o Alemania.