Cultura inadmite «de plano» el recurso de la Fundación Franco
El Gobierno rechaza las alegaciones de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) e inadmite el recurso que había presentado para la práctica de «determinadas pruebas» en el proceso abierto por el Ministerio de Cultura para su ilegalización.
Una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN detalla el escrito presentado por la FNFF contra el acuerdo de apertura de un periodo de prueba emitido el 12 de diciembre de 2025 por la Secretaría General Técnica de la cartera de Ernest Urtasun. La Fundación Franco argumenta que ese acuerdo es un acto de trámite cualificado, ya que considera que afecta directamente al fondo del asunto, genera indefensión y condiciona el procedimiento de extinción judicial de la propia entidad, un proceso abierto el pasado 31 de octubre, pero cuyos trámites comenzaron en junio de 2024.
La FNFF alega, entre otros puntos, la caducidad del procedimiento y la falta de valoración sobre las causas legales de extinción, para establecer si encajan en las previstas en el artículo 31.f) de la Ley de Fundaciones y la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Memoria Democrática. Según la Fundación Franco, esta omisión equivale a una desestimación tácita y prefigura el resultado del procedimiento, vulnerando las garantías legales.
Asimismo, apunta a una restricción indebida de su derecho a la prueba, especialmente la negativa a admitir testificales por parte de historiadores. Considera que la sustitución por declaraciones escritas elimina la inmediación y contradicción necesarias para una defensa efectiva. Además, argumenta que esta decisión limita su capacidad de demostrar que sus actividades persiguen fines de interés general.
Contradicción
Cuestiona la Fundación Franco la emisión de un informe previo por parte de la Abogacía del Estado antes de que pudiera presentar sus alegaciones, lo que considera una vulneración del principio de contradicción, ya que el informe no tuvo en cuenta las alegaciones esenciales planteadas por la Fundación, ni valoró aspectos como la caducidad, la atipicidad y los defectos procedimentales denunciados.
La FNFF sostiene que el procedimiento debería haberse detenido para resolver cuestiones como la caducidad y la falta de tipicidad de las causas de extinción antes de continuar con el periodo probatorio oportuno.
En definitiva, la FNFF considera que el procedimiento está viciado desde su inicio, que se ha vulnerado su derecho de defensa y que el acuerdo impugnado condiciona ilegítimamente la continuación del procedimiento y prefigura su resultado final.
La Secretaría General Técnica de Cultura, tras analizar las alegaciones, concluye que el acuerdo impugnado no es un acto de trámite cualificado, ya que no decide el fondo del asunto, no impide la continuación del procedimiento ni genera indefensión o perjuicio irreparable. Además, argumenta que el procedimiento no ha caducado, ya que «el plazo de nueve meses para resolver y notificar se computa desde el acuerdo formal de inicio del procedimiento, no desde las actuaciones previas.»
Por lo tanto, determina la inadmisión del recurso –«deben rechazarse de plano estas alegaciones», manifiesta– presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco, al considerar que el acto impugnado no es susceptible de recurso.
La resolución es definitiva en la vía administrativa, pero la FNFF puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente en un plazo de dos meses.
Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la Fundación Franco, considera que la inadmisión de «nuestro recurso ante lo que consideramos un evidente acto de trámite cualificado, manifiesta la voluntad del Gobierno de seguir con la clara intención de llegar a la resolución que pretenden, digamos lo que digamos». Su intención, traslada a LA RAZÓN, es afrontar el proceso que resta con todos los medios legales a su alcance: «Seguimos en la lucha».
El Gobierno inició en octubre el proceso para pedir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, y así se lo trasladó a la entidad, a la que dio un plazo de 10 días para alegar. Lo hizo en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática y tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general. El Ministerio de Cultura había pedido un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para llegar a las conclusiones que determinaron su intención de poner fuera de juego a la FNFF. Pero será la Justicia quien tenga la última palabra.