La Universidad Complutense aprueba un recorte de 33 millones de euros
El centro ajusta el gasto para poder devolver el préstamo que le concedió la Comunidad de Madrid, que le transfiere hoy menos dinero que hace 15 años; el Comité de Empresa de la UCM acusa al rector de "asumir sin cuestionamiento" la falta de financiación pública
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Ya está hecho. El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha aprobado este miércoles un recorte de 33,18 millones de euros para afrontar la precaria situación económica del centro, que tuvo que pedir un préstamo por 34,5 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid, a finales del pasado ejercicio, tras acumular un déficit de 142 millones de euros entre 2023 y 2024.
“La Universidad cerró el ejercicio 2024 con un déficit presupuestario ajustado de –33,19 millones de euros, lo que hace necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio”, ha informado el rector, Joaquín Goyache, a la comunidad universitaria mediante un email en el que les anuncia la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF) para el periodo 2025–2028.
“El análisis realizado en el PEF señala que este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos. Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%. Una parte importante de este incremento corresponde a gastos sobrevenidos y difícilmente controlables por la Universidad, principalmente derivados de un aumento significativo del gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales, que han impactado de forma directa en nuestras cuentas”, explica la nota de Goyache.
El PEF presentado este martes por el rectorado es una exigencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para entidades que están en déficit.
Hacía años que las universidades públicas de la región sobrevivían a base de unos ingresos extra ganados en los tribunales al Gobierno regional. Pero esos fondos se han acabado y las transferencias nominativas que realiza el Gobierno regional –principal punto de financiación de las universidades– no dan ni para cubrir las nóminas. En el caso de la Complutense, recibió en 2009 un total de 418 millones de euros por el capítulo IV; en 2024 fueron 403 millones. Quince millones menos, sin contar siquiera el aumento del coste de la vida.
“Asume sin cuestionamiento el déficit”
“El propio Rectorado reconoce en el PEF que el origen principal del déficit de la UCM es la infrafinanciación estructural por parte de la Comunidad de Madrid, derivada de no cubrir adecuadamente los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social”, expone en un comunicado el Comité de Empresa del personal docente investigador, que se reunió con el rector, Joaquín Goyache, el pasado 9 de enero.
El comité es crítico con la manera en la que el rector ha afrontado la situación. “Lejos de exigir una financiación pública suficiente y estable, el Rectorado asume sin cuestionamiento el déficit estructural como un déficit provocado por el crecimiento vegetativo del coste de la plantilla de PDI (sexenios, quinquenios, trienios) y traslada un ajuste de 33’18 millones de euros directamente a la plantilla, a la actividad académica e investigadora y, en definitiva, a toda la comunidad universitaria”, añade el organismo.
Los sindicatos lamentan que de facto la universidad puso en marcha recortes antes de aprobar ningún plan de estabilidad. Por ejemplo, hace ya más de un año que el rector ordenó a facultades y departamentos reducir sus gastos en un 35% y la situación ha estado en un punto tan crítico que Goyache vio necesario emitir una nota pública garantizando a los trabajadores el cobro de las nóminas. Ese recorte del 35% se mantendrá este 2026 y el 2027, según informó la propia universidad.
Los sindicatos informan con carácter general de “restricciones en contrataciones, reducción de las exenciones docentes, limitación de sustituciones, recortes de derechos laborales (como la reducción salarial realizada en la nómina de los investigadores predoctorales) y contención del gasto en centros”.
Jubilaciones y ajustes
El PEF presentado por el rectorado se apoya en jubilaciones y recortes como la vía para recuperar la estabilidad financiera. En concreto, el ajuste pasa por que se jubilen este 2026 hasta 139 profesores, otros 89 en 2027 y 91 en 2028. Son 319 profesores menos en tres años, una reducción que debería aportar (o dejar de gastar) un total de 21,22 millones. Para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios el ajuste será de 11,34 millones.