La Fiscalía ve indicios de prevaricación y fraude en la red de cargos del PP beneficiada por las VPO de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado cartas en la investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial 'Les Naus' en Alicante y ha presentado una denuncia ante el juzgado número 5 de Alicante. El Ministerio Fiscal halla indicios sólidos de delitos contra la administración pública en lo que describe como un reparto presuntamente irregular de inmuebles destinados a familias vulnerables.

Según ha adelantado la Cadena SER, Anticorrupción advierte indicios de la comisión de delitos de negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada. No obstante, el diario Información añade que la denuncia formalizada ante la jueza Amparo Rubio amplía el espectro penal, apreciando también indicios de prevaricación y fraude en la gestión de esta promoción ubicada en la playa de San Juan.

Cabe recordar también que el grupo municipal socialista hace dos semanas también formalizó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia que detalla la presunta comisión de hasta cinco delitos por lo que define como una presunta trama de adjudicaciones. La portavoz del PSPV, Ana Barceló, destacaba que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su propia administración en una promoción construida sobre suelo municipal.

Una red de cargos bajo sospecha

La denuncia se dirige contra una quincena de personas que formarían parte de una red de cargos vinculados al Partido Popular y altos funcionarios locales. Entre los señalados destaca a la exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez —quien dimitió tras estallar el caso—, así como a la directora general municipal de Contratación Pública (también dimitida).

El foco también se extiende también al arquitecto municipal Francisco Nieto y al administrador de la mercantil Fraorgi S.L., gestora de la promoción. Además, se investiga la posible aportación de documentación falsa, tras conocerse que un técnico de la Generalitat —actualmente suspendido— validó presuntamente el expediente de su esposa con datos no veraces.

El contraste: 5.400 familias frente a un reparto privilegiado

El escrito de Anticorrupción pone de relieve la gravedad social del caso. Mientras cerca de 5.400 familias permanecían en lista de espera para acceder a una vivienda protegida, la Cadena SER subraya que varios de estos pisos fueron repartidos de forma “irregular y privilegiada” entre el entorno del PP. Se trata de viviendas con piscina y pistas deportivas cuyo precio rondaba los 200.000 euros, una cifra que, según la citada emisora, es tres veces inferior al valor de mercado en la zona de San Juan.

Los fiscales delegados Pablo Romero y Fran Marco han solicitado una batería de diligencias encaminadas a acreditar si los beneficiarios cumplían realmente los requisitos de renta y carencia de propiedad. Según relata el diario Información, la Fiscalía ha pedido a la magistrada que reclame a la Conselleria de Vivienda el resultado de sus auditorías internas para verificar los 140 visados de la promoción.

El juzgado instructor deberá ahora decidir sobre estas peticiones para determinar el alcance total de esta red de beneficiarios que, según el Ministerio Público, utilizó su posición en la administración para acceder a un parque público de vivienda que les estaba legalmente vetado.