Exadministrador del Seguro de Cesantía demanda al Fisco por retiros durante la pandemia y solicita indemnización
La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía Chile II en Liquidación (AFC II) presentó una demanda ante el 20° Juzgado Civil de Santiago en contra de la Superintendencia de Pensiones y el Fisco, por los retiros de fondos de desempleo autorizados durante la pandemia. La acción judicial solicita una indemnización de $10 mil 671 millones.
Según consignó La Tercera, AFC II se encuentra en proceso de liquidación debido a que, por ley, su periodo de vigencia era de diez años. La sociedad era propiedad de AFP Provida (48,6%), AFP Capital (29,4%), AFP Cuprum (16,7%) y AFP Planvital (5,3%).
En la demanda, la administradora solicita que se declare la nulidad de dos oficios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, mediante los cuales se rechazó el pago de retribuciones correspondientes al periodo entre el 1 de octubre de 2022 y el 24 de julio de 2023. Según el documento, estos oficios contravendrían las leyes modificatorias del Seguro de Cesantía y excederían las competencias del regulador, al alterar el régimen retributivo del contrato.
AFC II argumenta que la motivación de los oficios fue insuficiente y que su efecto práctico fue ahorrar recursos para el fondo de cesantía, apartándose del objetivo legal de preservar el equilibrio económico del contrato frente a mayores egresos y menores ingresos. La empresa sostiene que, si bien la Superintendencia puede fiscalizar e interpretar la normativa, no puede modificar unilateralmente un contrato del cual no es parte.
La Superintendencia de Pensiones confirmó que fue notificada de la demanda y señaló que se encuentra estudiando su contenido para presentar su respuesta dentro de plazo. Asimismo, afirmó que sus actos administrativos se emiten bajo estricto control jurídico y dentro del marco de atribuciones establecidas por la legislación vigente.
La demanda menciona que la Ley N° 21.227, junto con otras normas dictadas en el contexto de la pandemia de Covid-19, permitió a los trabajadores retirar fondos del Seguro de Cesantía bajo condiciones más flexibles, incluso sin estar desempleados. Esto habría generado una disminución significativa de los fondos administrados y, en consecuencia, de las comisiones percibidas por AFC II, mientras sus costos operativos aumentaban.
AFC II se adjudicó la licitación para administrar el Seguro de Cesantía en 2012 y firmó el contrato con los ministerios correspondientes el 1 de octubre de ese año, comenzando sus operaciones en octubre de 2013. El contrato establecía una comisión mensual equivalente al 0,49% anual sobre los saldos administrados y se mantenía vigente hasta que se declarara formalmente el término de los servicios, lo que ocurrió el 24 de julio de 2023.