Reformas económicas: tarea compartida entre Estado y empresas
La economía boliviana enfrenta un momento de redefinición marcado por la necesidad de reformas estructurales, disciplina fiscal y recuperación de la inversión, en un escenario donde el sector privado busca asumir un rol más activo junto al Estado.
Según Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el país atraviesa una etapa de transición económica que exige coordinación institucional y acuerdos sostenidos entre actores públicos y privados.
El nuevo rol del sector privado
Antelo sostuvo que la economía nacional requiere cambios estructurales para recuperar dinamismo productivo y confianza en la inversión.
“El diagnóstico de donde venimos lo conocemos todos”, afirmó al referirse al agotamiento del modelo económico basado en gasto público y recursos naturales.
Desde la perspectiva empresarial, la transición hacia un nuevo modelo económico implica fortalecer la productividad, diversificar la economía y generar empleo sostenible.
“Que ell sector privado sea el centro del motor del desarrollo y el progreso del futuro del país”, señaló Antelo al resumir la visión empresarial sobre el nuevo ciclo económico.
Estado y empresariado
Uno de los elementos centrales del nuevo escenario económico es la relación entre el Estado y el sector empresarial. Antelo destacó que el diálogo entre ambos sectores muestra señales de cambio.
“La conversación del Estado con el sector público hoy es distinta”, afirmó en la entrevista.
El dirigente empresarial explicó que la participación de empresarios en la gestión pública permite comprender mejor los desafíos de la economía real y facilita la implementación de reformas económicas.
“Ese intercambio de ideas, el intercambio positivo de lo que es hacer Estado, pero también de lo que es hacer empresa, permite conocer de ambos lados cómo se puede volver viable algunas reformas que necesita el país”, sostuvo.
El costo social
Antelo remarcó que las reformas económicas no pueden analizarse únicamente desde indicadores fiscales o productivos, sino también desde su impacto social.
En ese sentido, mencionó decisiones como la reducción del subsidio a los carburantes como ejemplo de la complejidad del proceso de transición económica.
“Para tomar esa decisión se necesitaban dos cosas, la decisión firme política, pero también hay que reconocer que la población estaba dispuesta a tomar esta medida”, afirmó.
El líder empresarial afirmó que la estabilidad económica exigirá acuerdos políticos y sociales duraderos para sostener reformas, preservar empleos y asegurar crecimiento productivo del país.
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Antelo advirtió que, sin consensos duraderos, la transición podría generar incertidumbre y afectar la inversión. La coordinación entre gobierno, empresas y sociedad aparece como una condición necesaria para consolidar un nuevo ciclo económico.
Desde el empresariado, el Estado debe asegurar reglas claras, estabilidad jurídica y condiciones para invertir, mientras empresas impulsan producción y empleo sostenible en la economía.
“El Estado regula, controla y habilita”, explicó Antelo al describir la complementariedad entre ambos sectores.
La transición económica, según el empresariado, requiere responsabilidad compartida y una visión de largo plazo orientada a la productividad, la inversión y el crecimiento sostenible.
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