Defensoría condena secuestro y tortura de periodista
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación y condenó enérgicamente el secuestro, agresión y tortura causados a un periodista en la ciudad de El Alto, mientras realizaba labores de investigación periodística, según la denuncia pública realizada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB).
“Se exhorta a la Policía Boliviana y al Ministerio Público a llevar adelante una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, garantizando el debido proceso, e implementar medidas de protección para la víctima y otros trabajadores de la prensa que pudieran encontrarse en situación de riesgo”, señala parte del pronunciamiento de la Defensoría.
El gremio de la prensa denunció un intento de asesinato contra el periodista F. Jesús Z.S., en la ciudad de El Alto y de acuerdo con la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto (FSTPEA), el hecho ocurrió luego de que el periodista cubriera un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela.
Cuando se retiraba hacia su domicilio, fue interceptado por desconocidos, reducido violentamente e introducido por la fuerza a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras.
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Durante la agresión, los atacantes le profirieron amenazas explícitas que evidenciarían que conocían su condición de periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su labor.
La Defensoría recordó que estos hechos constituyen una grave vulneración a la integridad personal y a la dignidad humana, y atentan directamente contra la libertad de expresión y de prensa, que, según indicó, son derechos reconocidos por la Constitución y por instrumentos internacionales de derechos humanos.
Señaló que la violencia contra periodistas no solo afecta a la víctima directa, sino que genera un efecto amedrentador que compromete el derecho de la sociedad a recibir información.
Mencionó que, conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar con debida diligencia y sancionar los actos de violencia contra periodistas, así como de adoptar medidas efectivas de protección cuando existan riesgos.
“Defensoría realizará el seguimiento correspondiente para que este grave hecho no quede en la impunidad y se garantice el ejercicio libre y seguro de la labor periodística”, añade-
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