Perspectivas fiscales del nuevo gobierno
El nuevo gobierno de Laura Fernández, que iniciará el 8 de mayo de 2026, plantea una estrategia económica y fiscal basada en la continuidad de las políticas del presidente saliente Rodrigo Chaves.
Precisamente en su plan de gobierno, titulado Más oportunidades un mismo rumbo. Plan de la Continuidad, se presenta un resumen de los ejes principales y sus aspectos más destacados en materia fiscal.
En la sección denominada Hacia una tributación justa para todos, el plan contempla impulsar la creación de la Ventanilla Única de Impuestos, una plataforma que reducirá el número de sitios para el pago de impuestos de 93 a uno solo.
También se enuncia fortalecer la implementación de tecnología para la lucha activa contra la elusión y evasión fiscal a partir de inspecciones activas, la aplicación y mejora de las sanciones y el control cruzado de información entre instituciones públicas.
Se propone igualmente implementar en su totalidad el sistema Hacienda Digital para gestionar mejor los impuestos y el presupuesto de la República.
Se pretende también poner a funcionar a cabalidad la legislación que prohíbe la utilización de portillos legales para la evasión y elusión fiscal a favor de empresas y personas.
En otra sección denominada Mano dura al contrabando, evasión y elusión, se fija como meta desarrollar y operacionalizar la Estrategia Nacional contra el Contrabando 2027-2037, en la cual se implementarán acciones estratégicas y tácticas intensivas en tecnología (escáneres y drones, entre otros) para el fortalecimiento de los controles aduaneros en los puestos fronterizos y marítimos.
Además, se planea desarrollar e impulsar los proyectos de reformas normativas necesarias para incrementar las sanciones a las personas físicas y jurídicas que estén relacionadas con la actividad de contrabando de bienes.
Se habla igualmente de permitir una mayor simplificación en los trámites fiscales, aduaneros y de gestión financiera mediante la finalización del proyecto Hacienda Digital; así como de identificar y judicializar los casos de fraude y evasión fiscal, a través de la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial y cruces de bases de datos, de manera que se accione de forma activa contra los actuales y futuros evasores.