Tensión en Venezuela por ley que exige reconocer delitos a presos políticos
El proceso para una eventual liberación de presos políticos en Venezuela se encuentra en un punto muerto. La Asamblea Nacional debate la denominada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una normativa que, aunque promete reconciliación, ha encendido las alarmas de ONG y familiares. El conflicto principal radica en el polémico artículo séptimo, que exige a los beneficiarios —incluyendo a quienes se encuentran en el exilio— ponerse “a derecho” y reconocer la autoría de delitos que, en su mayoría, denuncian como montajes judiciales por motivos ideológicos.
Activistas y organizaciones como Acceso a la Justicia critican que el texto recurra al concepto de “clemencia soberana”, lo que implica una aceptación de culpa previa. Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, esta redacción desvirtúa la esencia de una amnistía, trasladando la carga de la prueba a las víctimas y revictimizando a quienes han sufrido detenciones arbitrarias bajo un sistema que las ONG califican de parcializado.
Pese a que el alcance temporal de la ley se extendió para cubrir hechos ocurridos desde 1999, las exclusiones técnicas dejan fuera a figuras clave. La normativa prohíbe el beneficio para acusados de homicidio intencional, lo que incluye el magnicidio. Esto mantendría tras las rejas o en el exilio a militares vinculados a sucesos como la “Operación Gedeón” o el atentado con drones de 2018. Por otro lado, la ley guarda silencio sobre la rendición de cuentas de agentes del Estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales y torturas.
El debate por reformas estructurales
La discusión en el Parlamento se retomará el próximo martes 17 de febrero, bajo la supervisión del diputado Jorge Arreaza. Si bien se han logrado avances menores, como la inclusión del principio in dubio pro reo (favorabilidad al imputado), expertos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU advierten que ninguna amnistía será sostenible si no va acompañada de reformas estructurales. Para los especialistas, el desafío no es solo liberar a los detenidos, sino desmantelar el marco legal que permite la persecución política persistente en el país.