Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta: "Las empresas preparan el despido sin indemnización con pequeñas sanciones que pasan desapercibidas"
El abogado especializado en derecho laboral Juanma Lorente ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre una práctica empresarial que podría estar dejando a miles de trabajadores sin indemnización por despido. Según explica, numerosas empresas están implementando una estrategia silenciosa que consiste en imponer pequeñas sanciones escritas que, aunque no conllevan pérdida económica inmediata, van construyendo un expediente laboral que posteriormente permite justificar un despido disciplinario sin coste para la compañía.
La clave de esta práctica reside en que muchos convenios colectivos contemplan la posibilidad de sancionar faltas consideradas graves únicamente con una amonestación por escrito, sin necesidad de aplicar suspensiones de empleo y sueldo.
Esta opción, que en apariencia beneficia al trabajador al no afectar su bolsillo, se convierte en un arma de doble filo cuando las amonestaciones comienzan a acumularse. "No te das ni cuenta", advierte Lorente, señalando que la mayoría de los empleados tienden a ignorar estas sanciones al no percibir un daño económico inmediato, sin considerar que cada una de ellas está alimentando un historial que la empresa podrá utilizar en su contra.
Consecuencias económicas y legales para el trabajado
El problema se agrava cuando, tras acumular varias amonestaciones escritas no impugnadas, la empresa decide ejecutar un despido disciplinario basado en la reiteración de faltas.
Según la legislación laboral española, este tipo de despido no conlleva indemnización para el trabajador, independientemente de su antigüedad o salario. Dependiendo de cada caso, la cantidad que el empleado deja de percibir puede oscilar entre 12.000 y 14.000 euros o incluso superar esa cifra en trabajadores con largas trayectorias profesionales. Para la empresa, el ahorro es considerable, especialmente en contextos de reestructuración o ajustes de plantilla.
Una vez ejecutado el despido por esta vía, las posibilidades de que un juez lo declare improcedente se reducen drásticamente, ya que, si el trabajador no recurrió las sanciones individuales en su momento, los tribunales interpretan esa pasividad como una aceptación tácita de las mismas.
Cuando finalmente se impugna el despido, el juez se encuentra con un expediente completo de amonestaciones que, al no haber sido contestadas, otorgan validez legal a la decisión empresarial. Los abogados laboralistas coinciden en que la clave está en reaccionar desde la primera sanción escrita, por insignificante que parezca, ya que impugnarla a tiempo es la única forma de evitar que se convierta en una prueba en contra en el futuro.