Catalunya impone la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia que se negó a alquilar a un hombre marroquí

La Generalitat ha impuesto la primera sanción por racismo inmobiliario a una agencia de Mataró, por valor de 10.001 euros, así como una sanción accesoria que le prohíbe recibir ayudas, subvenciones y contratar con la administración pública por un año. El motivo: denegar el acceso a un piso de alquiler a una persona migrada. Esa persona es Hamid, un comercial de origen marroquí que, cansado de ver cómo el mercado inmobiliario discriminaba a personas como él, decidió iniciar una campaña para denunciarlo.

Desde 2022, este hombre se ha dedicado a llamar a diversas agencias inmobiliarias de su ciudad, interesándose por pisos y constatando que, en cuanto conocían sus apellidos, las puertas se le cerraban a pesar de tener permiso de residencia y una nómina estable.

“El racismo inmobiliario no es una opinión ni una percepción subjetiva, es una discriminación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y, quien lo incumple, debe ser sancionado”, asegura, en declaraciones a elDiario.es, la consellera de Igualdad Eva Menor, quien se ha mostrado “muy satisfecha” de esta primera multa, sobre la que todavía cabe recurso.

Desde el Observatorio DESCA, entidad que ha acompañado a Hamid durante todo el proceso, afean a la administración catalana que, aunque el marco legal que regula el racismo inmobiliario es “tajantemente claro”, no hayan puesto ninguna sanción hasta ahora. “Estamos muy contentos con la multa, pero el daño ya está hecho. Yo simplemente soy la cara y el nombre de este racismo, pero hay miles de personas que lo sufren a diario”, apunta Hamid.

Este hombre presentó las primeras denuncias en febrero de 2022. Nueve de ellas han terminado archivadas, tras un recorrido administrativo con varias etapas: Ayuntamiento de Mataró, Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), Agència Catalana de Consum (ACC) y, por último, la Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), dependiente de la Generalitat. El plazo de prescripción de los expedientes sancionadores una vez abiertos es de seis meses.

“Este tipo de denuncias, hasta ahora, han dado muchas vueltas por la administración”, reconoce Menor, quien asegura que a raíz de este caso han “aprendido mucho” y ya han establecido los límites en las competencias de cada agencia, de tal manera que las denuncias vayan a parar directamente a quien pueda abrir el expediente.

Desde el Observatorio DESCA explican que todas las agencias en las que han recaído las denuncias de Hamid tienen competencias para abordar el racismo inmobiliario, pero que se han ido “pasando la pelota porque es un tema que les incomoda mucho”, explica Miguel Ruiz, abogado del denunciante. “Estamos ante un caso de mal hacer de la administración”, remacha el letrado.

Si bien desde el Ejecutivo niegan que puedan reabrir casos que ya se han archivado, aseguran que los que vengan a partir de ahora se tramitarán más rápido. Y apuntan que, además de la sanción anunciada ahora, tienen más expedientes en marcha, dos de los cuales parten también de denuncias de Hamid.

El periplo administrativo

Esta primera sanción parte de una denuncia que data del 3 de abril de 2024. Meses antes, en enero, Hamid se interesó por un piso que la inmobiliaria Fingerprint de Mataró alquilaba por 1.500 euros al mes, pero no recibió respuesta ninguna. Algunos días después, un amigo suyo, con nombre y apellidos catalanes, hizo exactamente la misma solicitud y, en menos de 10 minutos, recibió respuesta tanto por teléfono como por mensaje para ofrecerle una visita.

Pero quien se presentó a la cita fue Hamid. En verle, el agente inmobiliario le dijo que el piso ya estaba reservado. El denunciante afeó a su interlocutor que no quisiera enseñarle la casa a un marroquí y este respondió: “Eso, eso también es verdad. Pero no tiene nada que ver con eso”, tal como se puede escuchar en un extracto de la grabación de voz aportada por el denunciante y que se recoge en la resolución de la sanción, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fue entonces cuando se presentó la denuncia en el Ayuntamiento de Mataró, en abril. Y ahí empieza el periplo administrativo. El consistorio remitió el caso a la Agència d’Habitatge de Catalunya en junio, argumentando que no contaba “con los medios materiales y personales suficientes para abordar con éxito a tramitación de estos expedientes”. En septiembre, se volvió a derivar, esta vez a la Agència Catalana de Consum, por entender que es el órgano competente.

Ya en marzo de 2025, quien se encarga de la denuncia es la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), dependiente de la conselleria de Igualdad, y tras recibir toda la información, inició el procedimiento sancionador. La sentencia llegó en enero de 2026.

La Generalitat considera que los hechos suponen una infracción grave, con multas de entre 10.001 y 40.000 euros, ya que consideran probado que la inmobiliaria denegó el acceso a Hamid por motivos de “raza, origen étnico o color de piel”.

El abogado del denunciante, Miguel Ruiz, del Observatorio DESCA, afea a la administración que la sanción sea la menor prevista por la ley; “No puede ser que salga más barato incumplir la ley que cumplirla”, añade. Pero la Generalitat se justifica argumentando que no se ha percibido “reiteración en el incumplimiento de advertencias o comportamientos discriminatorios”.

A pesar de que la sanción sea poca, en opinión del denunciante, lo que sí establece la sentencia es el reconocimiento de daños y perjuicios causados a Hamid, incluido el daño moral. Eso abre la puerta a que pueda poner otra denuncia que le lleve a ser indeminizado personalmente. El abogado del denunciante asegura que buscará que su cliente sea indemnizado, no sólo en lo económico, sino que también pretenden que se llegue a una garantía de no repetición. Para ello, aseguran, primero intentarán la vía de la mediación y, si eso no funciona, “no quedará más remedio que ir a los tribunales”, alertan.

Una lacra arraigada

Según la segunda edición del informe '¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda', publicado por Provivienda en marzo de este año, el 65% de personas extranjeras que buscan piso se han encontrado con estrategias de bloqueo por parte de los agentes inmobiliarios a la hora de alquilar una vivienda disponible. El estudio constata que la discriminación es otra barrera de peso en el ya de por sí complejo mercado inmobiliario.

A pesar de ello, sobre esta lacra todavía pesan pocas sanciones. La primera no llegó hasta el año 2021 y fue impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona, en aquel entonces liderado por Ada Colau, pese a que la ley catalana de vivienda las contempla desde el año 2007.

Por ello, desde el Observatorio DESCA aseguran que esta sanción es “imprescindible” para “enviar un mensaje muy claro a las inmobiliarias”, que se están erigiendo “como agentes de fronteras, que deciden quién puede vivir y quién no en según qué barrios”, apunta Ruiz. En este sentido, Hamid añade que, después de cuatro años de búsqueda de un piso nuevo para vivir, que se adecue a sus necesidades, los únicos inmuebles que le han enseñado son “los que los nacionales no quieren”.

Desde SOS Racisme, Laura Rodríguez alerta de que el racismo inmobiliario se asienta sobre “unos estereotipos que tiene el propietario y que las agencias están permitiendo”. La entidad alerta de que esta discriminación no se trata sólo de no poder encontrar un piso, sino que también “agrava la crisis de derechos humanos del colectivo racializado”.

En la misma línea, apunta que hay muchos más casos de los que se denuncian. Por ello, demandan a la Generalitat que actúe de oficio y disponga recursos para hacer inspecciones y que la responsabilidad para sancionar estas prácticas no recaiga sólo sobre los afectados, que suelen ser personas “vulnerabilizadas cuya principal preocupación es, simplemente, encontrar un lugar para vivir”, asegura Rodríguez.

Desde la Generalitat se excusan argumentando que, hasta ahora, no estaban claras las competencias y atribuciones de las diferentes agencias implicadas en cuestiones inmobiliarias. Este es un handicap que ya vienen alertando desde hace años entidades y organismos como la Sindicatura de Greuges -defensor del pueblo catalán-, que pidió una centralización de los expedientes para evitar que fueran pasándose de mano en mano.

A raíz de esta petición, que también se repitió en la comisión del Parlament por la no discriminación, el departament de Menor prepara un informe sobre la situación del racismo inmobiliario en Catalunya así como una guía de buenas prácticas. “En un momento en que el discurso de odio genera tanto miedo en la sociedad, es importante destacar los buenos ejemplos”, subraya la consellera.