Bruselas planta cara a Sánchez por saltarse las normas europeas

Bruselas y Madrid afrontan una tensión inédita que coloca en el centro del debate europeo dos de los pilares más sensibles de la agenda pública: la regularización de la inmigración y la regulación digital. La iniciativa del presidente Pedro Sánchez de avanzar unilateralmente en estas materias ha provocado que las instituciones comunitarias supervisen con lupa las medidas y abran canales de debate político en la Eurocámara, poniendo en cuestión la compatibilidad con el marco normativo de la Unión Europea.

Por un lado, la decisión del Gobierno español de regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular –una medida que podría afectar al estatus de entre 500.000 y 800.000 personas– ha encendido las alarmas en Bruselas por sus posibles repercusiones en la libertad de movimiento en el espacio Schengen y en la política migratoria comunitaria, que desde hace años busca evitar flujos desordenados y preservar fronteras exteriores comunes.

A otros países europeos ya se han desplazado inmigrantes que, al pasar por España, se empadronan, pero que prefieren desplazarse luego hasta esas otras latitudes porque cobran más trabajando en negro. Todos podrán regularizarse volviendo a España y mostrando su padrón municipal. Y, ya con papeles en regla, podrán desplazarse por la UE, aunque legalmente sólo podrían trabajar en España. Este es solo un ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse en el ámbito europeo del Real Decreto que el PSOE ha pactado con Podemos. La regularización del estatus de personas que ya residen en un Estado miembro es competencia de los gobiernos nacionales, pero, aun así, la medida provoca recelo en varios Estados de la Unión porque podría generar un «efecto llamada».

El segundo foco de fricción se concentra en la ambiciosa propuesta española para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y responsabilizar a las grandes plataformas por contenidos ilícitos y discursos de «odio», a través de un sistema de rastreo de usuarios.

La Ley de Servicios Digitales (DSA), un reglamento europeo de aplicación directa en todos los Estados miembros, ya establece un marco exhaustivo para la moderación de contenidos y la protección de menores en el entorno digital, y fue diseñada precisamente para evitar normativas divergentes entre países. Varios comisarios y representantes comunitarios han advertido de que ciertas propuestas del Gobierno español podrían exceder las competencias nacionales y entrar en conflicto con este marco armonizado. La discusión gira en torno a si medidas como la persecución penal de directivos de plataformas o la creación de sistemas estatales de medición de «huella de odio» se solapan con lo que la DSA deja en manos de la Comisión Europea.

Cierto es que otras capitales europeas respaldan parte de la iniciativa de Sánchez: la protección de menores en el mundo digital y la mayor responsabilidad de las plataformas por contenidos dañinos están en su agenda, y la Comisión Europea también trabaja en mecanismos de verificación de edad y protección infantil, aunque bajo un enfoque comunitario consensuado. La disputa ha trascendido lo técnico y se ha convertido en un debate político de alto voltaje cuando figuras tecnológicas como Elon Musk y Pavel Durov han atacado personalmente al Gobierno español, acusándolo de censura y control excesivo –una reacción que ha ampliado la polémica más allá de los tecnicismos jurídicos.

En este marco, Bruselas se ha visto obligada a calibrar su respuesta: reconocen la necesidad de proteger a los menores y de responsabilizar a las plataformas, pero también muestran una firme insistencia en no fragmentar el mercado digital europeo ni crear soluciones que choquen con reglas ya aprobadas por unanimidad entre los miembros de la UE.

Esta semana el Parlamento Europeo llevará el debate de la inmigración al Pleno. El objetivo oficial es responder a las «preocupaciones de muchos Estados miembros» sobre la propuesta de Sánchez. En concreto, habrá un punto dedicado a la regularización de migrantes, a propuesta del PP. La razón última es encontrar una salida que concilie la acción nacional con el respeto al marco comunitario.

Fuentes diplomáticas apuntan que el choque entre Bruselas y Sánchez no es solo una disputa normativa, sino un signo de las tensiones profundas entre las dinámicas nacionales y la integración europea, y una prueba de cómo asuntos interiores –desde la política migratoria hasta el control de internet– pueden convertirse en temas de fuerte tensión comunitaria en un marco donde crecen el populismo contra los grupos de poder europeos.