Cuestión de temperamento

Aragón afronta estas elecciones con una lección política ya aprendida, aunque todavía no del todo asumida. Una lección que es un patrón que afecta a los partidos de la derecha y que amenaza con reproducirse allí donde los equilibrios parlamentarios sean frágiles. El patrón es, en apariencia, sencillo: que la fragilidad sea vista como una oportunidad de presión y, por extensión, con la consolidación de una lógica que equipara la posesión de escaños decisivos o de escaños mayoritarios con un derecho a condicionar o a imponer, cuando no a vetar, el desenvolvimiento normal de un gobierno.

Esa lógica resulta estridente porque altera la naturaleza misma de la representación democrática. En lugar de entender el Parlamento como un espacio de deliberación y conflicto orientado a la decisión, lo convierte en un terreno de pulsos sucesivos, donde cada negociación se plantea como una prueba de fuerza y cada acuerdo como una concesión provisional, siempre reversible. El resultado no es una mayor exigencia política, sino una hipertrofia del conflicto que termina por desplazar el interés común y por alimentar una dinámica de ansiedad estratégica frente a necesidades compartidas que exigen continuidad, previsión y estabilidad.

La democracia parlamentaria no se reduce a la aritmética de los escaños. Descansa también sobre una serie de hábitos, límites tácitos y reglas no escritas que permiten que la pluralidad no derive en bloqueo. La influencia entre partidos, la negociación y la presión forman parte legítima del juego democrático, pero únicamente conservan su sentido cuando se ejercen en un marco de responsabilidad compartida. Cuando ese marco se rompe, la influencia se transforma en parálisis, la negociación en negación sistemática y la presión en una campaña permanente que impide gobernar incluso en lo cotidiano.

La experiencia aragonesa ilustra con claridad esa mutación. Gobernar dejó de ser dirigir para convertirse en administrar crisis, mientras el Parlamento asumía una lógica de asedio continuo que no fortalecía a nadie, salvo quizá a quienes embrollaban la visibilidad del conflicto con la eficacia del poder.

La confusión entre influir y vetar por la fuerza de escaños necesarios; entre dejarse influir o permanecer inmarcesible so pretexto de una mayoría, resulta especialmente dañina cuando se presenta como una expresión legítima de la democracia. Influir y dejarse influir implica orientar decisiones, introducir prioridades y corregir excesos o rellenar vacíos, dentro de un marco compartido. Vetar, en cambio, supone situarse fuera de ese marco, operando como si la propia posición fuera condición necesaria para cualquier decisión, aunque el resultado sea un bloqueo sistemático con riesgo de convertirse en sistémico. Cuando esta segunda lógica se normaliza, el sistema pierde su capacidad de gobierno sin necesidad de alterar formalmente sus reglas.

Los sistemas parlamentarios se sostienen, en última instancia, sobre una distinción clara entre la capacidad de influencia y la responsabilidad de gobernar. Quien influye sin asumir la carga del gobierno puede permitirse posiciones maximalistas, porque el coste de la parálisis recae siempre en otros. Esa asimetría genera incentivos perversos para todos que premian el bloqueo y castigan la estabilidad. Porque una comunidad política no se gobierna solo con mayorías, simétricas, asimétricas o del pelaje que sean, sino con una comprensión compartida de las reglas que hacen posible la convivencia y la estabilidad, incluyendo, sobre todo, sus tensiones, su conflictividad necesaria. Cuando esas reglas se erosionan, la política se degrada en una sucesión de asedios que nadie controla del todo y cuyas consecuencias se extienden más allá del ciclo electoral.

El poder de influencia es legítimo cuando se orienta a mejorar decisiones y a corregir rumbos, a limar excesos o a llenar vacíos, mientras que el veto permanente, el maximalismo intempestivo que ni admite rebajas ni asume propuestas ajenas, agota de contenido la responsabilidad política y convierte la discrepancia en un fin en sí mismo. Confundir ambos planos conduce a un sistema incapaz de gobernarse por la inestabilidad que lo invade. Edmund Burke lo advirtió: «Un Estado sin medios para cambiar carece de medios para conservarse». Es decir: la estabilidad no se logra mediante la inmovilidad forzada, sino mediante la capacidad de decidir, confrontar, negociar, presionar e influir, pero dentro de un orden compartido. Bloquear, bien por imposición o por negación, no conserva, desgasta.

La derecha española entra de lleno en la necesidad de decidir si acepta como normal una política basada en la tensión constante o si asume una cultura institucional nueva que ellos mismos deben crear, en la que esa confusión entre influencia y veto desaparezca y puedan darse, entonces sí, las legítimas exigencias de cada parte en una negociación que no quede arrumbada bajo los maximalismos, ni rebajada a minimalismos inútiles. Es, en el fondo, una cuestión de temperamento; del temperamento que se quiera dar a la realidad política española. Weber sostuvo que la política era «la lenta perforación de duras tablas, que requiere a la vez pasión y mesura». Y es probable que estuviera en lo cierto: sin esa pasión, la democracia pierde densidad; sin esa moderación, pierde su capacidad de decisión y sin ambas, acaba derivando en un sistema que administra su propia impotencia.