¿Puede una presidenta electa ser ministra en un gobierno saliente? Esto dicen dos expertos constitucionalistas

Este miércoles, Rodrigo Chaves nombró a la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia. El mandatario aseguró que la designación busca facilitar el proceso de transición entre ambas administraciones.

Se trata de una decisión inédita en la política reciente del país, pues nunca antes una presidenta electa había sido nombrada ministra meses antes de asumir su mandato.

Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, coincidieron en que, desde el punto de vista legal y constitucional, no existe ningún impedimento para que Fernández asuma el cargo antes del traspaso de poderes.

Sobrado explicó que la Constitución Política establece que, para optar por una candidatura presidencial, una persona que ocupe un cargo ministerial debe renunciar con al menos un año de antelación a la elección, de acuerdo con el artículo 132 de la Constitución Política.

No obstante, una vez concluido el proceso electoral y sin que medie una segunda ronda, “desaparece la condición prevista a nivel constitucional”, aclaró Sobrado.

Según el exjerarca electoral, esa regla busca impedir que, durante la campaña, una persona aproveche un cargo ministerial u otro de similar jerarquía, para influir desde una posición de poder en el electorado y obtener una ventaja que afecte la equidad del proceso.

En enero de 2025, Fernández renunció a su cargo como ministra de la Presidencia para formalizar su aspiración presidencial por el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), candidatura que fue ratificada en julio de ese mismo año, en cumplimiento de los plazos constitucionales.

Por su parte, Carvajal señaló que, aunque se trata de una situación atípica y eventualmente inconveniente por la carga de trabajo que implicará para Fernández, con la conformación de su gabinete y reuniones con futuros pares internacionales, desde el punto de vista legal y constitucional no existe impedimento alguno.

“Ella es una persona particular que podría ejercer ese cargo. El proceso electoral ya finalizó y, por lo tanto, no debería haber ningún obstáculo para que desempeñe una función de esa naturaleza”, afirmó el abogado.

Facilitar la transición

Rodrigo Chaves aseguró que la designación de Fernández en el puesto tiene el fin de facilitar el proceso de transición entre las dos administraciones. Indicó que cuando le tocó asumir el poder, su antecesor, el presidente Carlos Alvarado, “hizo lo posible” para dificultar el traslado.

El mandatario alegó que tuvo una “dificultad enorme” para concretar el traspaso de poderes y acusó al gobierno de Alvarado de “volarse” los presupuestos de viáticos, cortar tarjetas de crédito y esconder cosas, así como de incumplir promesas. Calificó estos supuestos hechos como “mezquindad”.

“Esto no es para quejarme, es para justificar lo que sigue”, mencionó Chaves, previo a anunciar el nombramiento de Fernández como ministra de la Presidencia y coordinadora del gabinete.