Julio Brache planea agilizar permisos para impulsar la economía

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo.- El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, afirmó que la minería y la construcción podrían impulsar el crecimiento económico de la República Dominicana durante este año, siempre que se agilicen los permisos y se reduzca la burocracia estatal.

Brache señaló que los permisos para la explotación minera y la apertura de nuevas explotaciones mineras deben incluir no solo oro y plata, sino también minerales raros y tierras raras necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial y los microprocesadores, lo que requiere reformas orientadas a minimizar los procesos burocráticos.

Indicó que es fundamental la agilización de los permisos de construcción, debido a que muchas obras aún no han podido iniciar porque los permisos no han sido emitidos. En ese sentido, explicó que desde el sector industrial se aboga por la aplicación del silencio administrativo, con penalidades severas en caso de que no se cumplan los acuerdos alcanzados, especialmente en lo relativo a los permisos medioambientales.

Asimismo, propuso la certificación de empresas constructoras con una larga trayectoria en el país, algunas con más de 50 y 60 años de operación, bajo el criterio de que no incurrirían en faltas relacionadas con el medio ambiente. “A estas empresas se les exigiría una fianza que les permita iniciar la construcción y contribuir a un crecimiento más acelerado”, dijo durante el primer Encuentro Industrial del año, dedicado al análisis de los alcances, oportunidades y retos que plantea la nueva Ley de Contrataciones Públicas desde la perspectiva del sector industrial.

Brache destacó que, además de la minería, el sector construcción es un elemento clave para mover la economía nacional, por lo que insistió en la necesidad de continuar trabajando para que los permisos medioambientales y de construcción tengan la menor burocracia posible, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de entre 4.5 % y 5 % este año.

El empresario abordó los retos del sector industrial ante la nueva Ley de Compras y Contrataciones durante un seminario realizado en la AIRD, con la participación de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones.

Pimentel explicó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas establece disposiciones muy estrictas y robustas para la prevención de prácticas anticompetitivas en los procesos de contratación, con el objetivo de perseguir la colusión.

Indicó que la normativa contempla sanciones de tipo penal con penas que van de dos a diez años de prisión. Señaló, además, que estas disposiciones se complementan con la aprobación de un nuevo Código Penal, lo que, a su juicio, dota al país de un sistema sólido para la persecución, investigación y sanción de la corrupción.

Indicó que los actores mayoritarios han expresado su disposición de aportar y colaborar en la implementación de la ley, la cual considera beneficiará al pueblo dominicano y permitirá que las empresas operen con reglas claras.

Añadió que quienes buscan la opacidad y la ilegalidad deberán enfrentar un régimen de control y sanción robusto que no deje espacio a la impunidad.

Sobre los incentivos a la sostenibilidad, confirmó que la ley incorpora criterios de valor por dinero, sostenibilidad ambiental y criterios sociales y económicos, lo que permitirá nuevas modalidades y criterios de adjudicación que darán mayores posibilidades a las empresas que los implementen.

En relación con las contrataciones de servicios médicos y a raíz del caso Senasa, aclaró que estas no están reguladas por la Ley de Contrataciones Públicas, sino por la Ley 87-01 de Seguridad Social, la cual establece procedimientos distintos.

Precisó que este tipo de contrataciones no se rige ni por la ley anterior ni por la nueva ley de contrataciones, ya que cuenta con su propia normativa.

No obstante, sostuvo que los mecanismos de control deben fortalecerse, al tiempo que dejó claro que este ámbito no corresponde a la competencia de la institución que representa.

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