El Gobierno de Pedro Sánchez cambia las reglas del crédito
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el objetivo de reforzar la protección de los consumidores y reducir el riesgo de sobreendeudamiento. El texto adapta la normativa española a los estándares europeos y endurece las obligaciones de las entidades financieras.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por el aumento del crédito al consumo y por determinadas prácticas comerciales que han sido objeto de litigios y sanciones en los últimos años. Según datos del Banco de España, los productos de financiación flexible concentran una parte significativa de los conflictos entre clientes y entidades.
Prohibición de conceder crédito sin solicitud expresa
Uno de los cambios más relevantes es la prohibición expresa de conceder crédito al consumo si el cliente no lo ha solicitado previamente. La ley impide que los bancos emitan tarjetas de crédito o amplíen sus límites de forma unilateral, incluso cuando se trate de clientes con historial
previo o productos ya contratados.
Esta práctica, habitual durante años, permitía a las entidades activar nuevas líneas de financiación o incrementar el crédito disponible como parte de campañas comerciales, sin una petición directa del consumidor. Con la nueva regulación, cualquier concesión deberá contar con un consentimiento claro, específico y verificable.
Qué sí podrán hacer los bancos
La norma no elimina la oferta comercial. Las entidades podrán seguir anunciando créditos preautorizados o condiciones personalizadas, pero la financiación no podrá activarse automáticamente. El cliente deberá aceptar de forma expresa cada operación antes de que el crédito sea efectivo.
El objetivo declarado del Gobierno es separar la información comercial de la concesión real de crédito, evitando situaciones en las que el consumidor asume deuda sin una decisión consciente.
Límites al coste de las tarjetas revolving
La ley introduce un marco más estricto para las tarjetas revolving, uno de los productos más controvertidos del mercado financiero. Estas tarjetas, caracterizadas por pagos aplazados y elevados intereses, han sido objeto de numerosas sentencias judiciales por intereses considerados abusivos.
El anteproyecto establece topes al coste total del crédito, incluyendo intereses, comisiones y gastos asociados. Además, obliga a reforzar la transparencia informativa para que el cliente conozca con claridad el coste real de la deuda y el tiempo estimado para su amortización.
Nuevas obligaciones de información
Las entidades deberán facilitar simulaciones claras del impacto de los pagos mínimos, advertencias explícitas sobre el riesgo de endeudamiento prolongado y comparativas comprensibles entre distintas modalidades de pago.
Estas obligaciones se aplicarán tanto a bancos tradicionales como a empresas financieras digitales, que quedan plenamente incluidas en el ámbito de supervisión.
Más control del Banco de España
La reforma amplía las competencias del Banco de España en materia de supervisión del crédito al consumo. El organismo podrá vigilar a todas las empresas que concedan financiación, incluidas plataformas digitales y operadores no bancarios.
El texto prevé mecanismos sancionadores más ágiles y un refuerzo de la cooperación entre autoridades para detectar prácticas contrarias a la nueva normativa.
Impacto para los consumidores
Para los clientes, la ley supone un cambio significativo en la gestión del crédito cotidiano. Desaparecerán las ampliaciones automáticas de límite y se reducirá el riesgo de asumir deuda sin una decisión informada.
En el último tramo del proceso legislativo, el Gobierno subraya que la norma busca equilibrar el acceso al crédito con una protección efectiva del consumidor, cerrando la puerta a prácticas que han contribuido al sobreendeudamiento de miles de hogares en España.
Con este marco legal, el Ejecutivo refuerza su estrategia de control del crédito al consumo y sitúa la responsabilidad y el consentimiento del cliente como eje central de la relación con las entidades financieras.