El Tribunal Supremo valida una indemnización de 55.000 euros para un jubilado que se pasó cuatro años sin recibir su pensión
El Tribunal Supremo ha confirmado la obligación de la Administración de indemnizar con 55.303,28 euros a un jubilado andaluz al que, por un error burocrático, se le dejó de abonar cualquier pensión durante un período de cuatro años. La sentencia, firme, sienta un precedente al reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños económicos y personales derivados de la negligencia en la gestión de una prestación vital. El fallo subraya el deber de la administración de actuar con diligencia, especialmente en asuntos que afectan a la subsistencia de los ciudadanos.
El origen del caso se remonta a 2018, cuando al trabajador se le denegó el acceso a su jubilación anticipada debido a un cálculo incorrecto de su edad legal de jubilación. Este error administrativo se perpetuó, manteniendo al demandante en una situación crítica y sin ingresos hasta el año 2022.
Durante todo ese tiempo, el hombre, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales, se vio obligado a subsistir sin la pensión que le correspondía, acumulando un perjuicio económico grave mientras sus reclamaciones no eran atendidas.
Un fallo que carga las culpas a la Administración
La sentencia del alto tribunal valida así las decisiones previas de instancia, que ya condenaban a la Administración. El Supremo recalca que el error en la interpretación de la normativa sobre la edad de jubilación fue la causa directa del daño sufrido, un perjuicio que era evitable y que, por tanto, genera responsabilidad.
La indemnización de 55.303,28 euros busca reparar integralmente los daños, cubriendo tanto las cantidades no percibidas como los perjuicios derivados del retraso.
Este caso ejemplifica las graves consecuencias que un fallo administrativo puede tener en la vida de las personas y refuerza el principio de que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados cuando una actuación pública les causa un daño demostrable.
La resolución envía un mensaje claro sobre la necesidad de precisión y celeridad en la gestión de las pensiones, un ámbito donde los errores tienen un impacto humano inmediato y profundo.