Estos son los casos en los que puedes negarte a pagar una derrama, según la Ley de Propiedad Horizontal
Aunque el pago de las derramas aprobadas en junta es una obligación común para los propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) reconoce excepciones legítimas que permiten a un vecino negarse a aportar su cuota. La clave reside en la distinción entre obras necesarias para la conservación o seguridad del edificio y aquellas mejoras destinadas a aumentar el confort o la modernización sin ser imprescindibles.
Según los artículos 7 y 10 de la LPH, las obras de mejora o innovación no necesarias requieren para su aprobación el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen tres quintas partes de las cuotas de participación.
Sin embargo, incluso cumpliéndose esta mayoría, la ley protege a los propietarios disidentes cuando el coste individual de la obra supera el importe de tres mensualidades ordinarias de comunidad. En ese caso, el propietario afectado tiene derecho a negarse al pago de la derrama correspondiente.
Un ejemplo práctico: la piscina comunitaria
Para ilustrar este supuesto, se utiliza el ejemplo de una comunidad que propone construir una pista de pádel en un terreno común. Si el reparto del coste total implica para un propietario un desembolso único de 800 euros, mientras que su cuota mensual ordinaria es de 200 euros, dicho vecino podría oponerse legalmente al pago. Esto es así porque la cantidad a pagar (800 euros) equivale a cuatro cuotas ordinarias, superando así el umbral de las tres establecido como límite. En consecuencia, aunque el resto de vecinos vote a favor y la obra se lleve a cabo, ese propietario en desacuerdo no estaría obligado a sufragar su parte.
La normativa establece una contrapartida clara para esta exención: los propietarios que se acojan a este derecho y no abonen su parte no podrán disfrutar del uso de la nueva mejora, en este caso, la pista de pádel. Esta regulación busca un equilibrio entre la autonomía de la comunidad para decidir mejoras y la protección del bolsillo individual ante gastos considerados no esenciales y de elevado coste puntual.