Sánchez está, pero no gobierna: un coste económico muy alto
Cuenta la crónica política que Don Juan Carlos, en una conversación en Estados Unidos, definió a Arias Navarro como «un desastre sin paliativos». La expresión, dura pero precisa, resulta hoy perfectamente aplicable a la actuación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No por una cuestión ideológica, sino por un hecho objetivo: España tiene un Ejecutivo que no gobierna, que gestiona mal y que ha renunciado a ejercer liderazgo económico e institucional.
Pedro Sánchez no gobierna con una mayoría estable ni con un proyecto común de país. Gobierna sostenido por un conglomerado heterogéneo de fuerzas políticas cuyo único punto de encuentro es evitar que el centro-derecha acceda al poder y extraer rentas políticas, presupuestarias o competenciales del Estado, así como fragmentar España. No existe un programa coherente; existe una suma de exigencias particulares, muchas de ellas abiertamente contrarias al interés general.
La consecuencia de este modelo es la parálisis estructural. España encadena tres ejercicios presupuestarios sin aprobar nuevas cuentas, funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. Esta situación no es un detalle técnico menor: es la prueba más evidente de que el Gobierno carece de capacidad política para planificar, priorizar y ejecutar una política económica seria. Un país que aspira a crecer, atraer inversión y ganar productividad no puede vivir permanentemente en la prórroga.
La ausencia de presupuestos es, además, coherente con el tipo de gasto que caracteriza a este Ejecutivo: mucho gasto corriente y poco productivo. Se gasta, pero no se invierte. Se amplían estructuras administrativas, subvenciones y transferencias, mientras se descuida el mantenimiento y la modernización de infraestructuras, uno de los pilares del crecimiento a largo plazo. El resultado es un capital público que se deteriora silenciosamente y una economía que pierde competitividad.
Pero el problema no es solo presupuestario. Es, sobre todo, de gestión. Cada vez que España afronta una catástrofe o una situación extraordinaria, la respuesta del Gobierno es tardía, descoordinada y politizada. La DANA en Valencia es un ejemplo claro: la ayuda estatal no llegó con la rapidez que exigía la situación, no por falta de medios, sino por cálculo político. Cuando el Gobierno antepone la estrategia partidista a la urgencia social, el daño institucional es profundo. Algo similar ocurre con la reconstrucción tras la erupción del volcán de La Palma. Las promesas se multiplicaron, los anuncios fueron grandilocuentes, pero la ejecución ha sido lenta, incompleta y frustrante para los afectados. El problema no es anunciar, es cumplir. Y en este Gobierno la distancia entre el discurso y la realidad es sistemática.
La incapacidad de gestión se extiende también a los fondos europeos. España recibió una oportunidad histórica para transformar su economía, mejorar su estructura productiva y modernizar sus infraestructuras. Sin embargo, la ejecución ha sido deficiente, burocratizada y mal orientada. Los fondos no están llegando con eficacia al tejido productivo, ni se están utilizando para resolver los problemas estructurales. Se han convertido, en demasiados casos, en un instrumento más de gasto político.
La inversión en mantenimiento de infraestructuras es escasa, no responde a la nueva capacidad productiva instalada. Solo en las ferroviarias, la inversión en mantenimiento se queda en un tercio de la inversión francesa, pese a tener una red ligeramente inferior a la española. Las infraestructuras hay que cuidarlas, tenerlas bien mantenidas, para evitar desgracias y para poder emplearlas de manera eficiente.
Todo ello configura un patrón claro: Pedro Sánchez está en La Moncloa, pero no gobierna. No dirige, no coordina, no prioriza. Se limita a resistir, a sobrevivir parlamentariamente, a mantener el poder a cualquier precio. Pero gobernar no es resistir; gobernar es decidir, ejecutar y asumir responsabilidades.
Desde el punto de vista económico, esta situación es profundamente dañina. La incertidumbre política frena la inversión, la falta de presupuestos reduce la credibilidad fiscal, la mala gestión del gasto deteriora la productividad y el abandono de las infraestructuras compromete el crecimiento futuro. No es una cuestión ideológica: es economía básica.
Un país no puede prosperar con un Gobierno que vive instalado en la provisionalidad permanente, que confunde propaganda con política económica y que sustituye la gestión por el relato. España necesita un Ejecutivo que gobierne, no que simplemente esté. Porque cuando el Gobierno no gobierna, la economía paga la factura, hoy y mañana.Y esa factura, como siempre, no la paga el Gobierno. La pagan los ciudadanos.