Hidalguía política
España vive bajo una forma política extraña, blanda, en la que la mayoría sigue estando ahí –numéricamente intacta, demográficamente reconocible–, pero ha dejado de mandar. No ha sido derrotada, pero sí desplazada por el empuje, pleno de barbarismos, de una constelación de minorías organizadas que ejerce un poder que, de hecho, no se corresponde con su peso social, pero sí con su posición aritmética en un Parlamento fragmentado hasta el delirio. Es el triunfo del escaño imprescindible, capaz de tumbar sin construir nada y de decidir sin responder ante nadie, llevando hasta el agotamiento el suelo y el marco constitucional. Se le llama pluralismo, aunque es su degradación; el consenso convertido en coartada, la impotencia elevada a ideología de gobierno.
Esta semana, la caída del decreto que incluía la revalorización de las pensiones ha servido como revelador. No por las pensiones en sí –en España lo esencial siempre sube o baja según sople el viento parlamentario–, sino por el método, por la manera en que el Gobierno decidió tramitar la medida y por la arquitectura política que la sostenía, frágil y precaria como todo lo que se levanta sobre el miedo. El decreto no se limitaba a actualizar las pensiones; incorporaba medidas en vivienda, energía, desahucios y otros elementos del llamado escudo social, obligando a aceptar un paquete cerrado cuya coherencia política resultaba discutible incluso para quienes compartían parte de sus objetivos.
El decreto ómnibus, más que una técnica administrativa, es la confesión pública de que el Gobierno es incapaz de defender cada medida por separado, y por eso opta por amontonarlas hasta que nadie distingue lo prioritario de lo que no. Es gobernar a granel; legislar por empacho. Es la política de la acumulación urgente, de la saturación normativa, de la presión moral: o lo tragas todo o te conviertes en el culpable de todo.
Cuando una Cámara se ve obligada a pronunciarse en bloque sobre materias de naturaleza dispar, el voto deja de expresar voluntad política y pasa a ser una reacción ante un dilema artificial. La voluntad se asfixia en una trampa aritmética perfectamente diseñada para que las minorías sobrecalentadas puedan desplegar su trapisonda de intercambios. La mayoría que sostiene al Gobierno no actúa como una mayoría política orientada al interés general, sino como una suma de fuerzas cuya única coincidencia real es la conservación del poder. Cada socio responde a su electorado parcial, a su identidad particular, a su estrategia de desgaste.
Mientras tanto, la mayoría social queda huérfana, sin traducción política, reducida a pagar la cuenta de acuerdos que no ha decidido, presa de una tiranía de minorías ejercida por la asfixia lenta del principio mayoritario. Cada concesión se presenta como un mal menor, cada cesión, a su vez, como el precio inevitable de la estabilidad, mientras el marco común se disuelve en una suma de excepciones.
El episodio del decreto lo muestra con crudeza. Una política estructural como la protección del sistema de pensiones, que debería ser un pacto entre generaciones, quedó atrapada en una negociación cruzada sobre materias que exigían tratamientos distintos. Al mezclar compromisos intergeneracionales con medidas coyunturales, el Gobierno subordinó lo esencial a lo táctico y expuso un pilar del contrato social a la lógica del regateo. Cuando eso ocurre, la confianza se resiente, la priorización se vuelve imposible y, además, la política pierde su función ordenadora para convertirse en una gestión nerviosa del presente.
La paradoja es que este modelo se presenta como pluralismo avanzado, cuando, en realidad, vacía de contenido la idea misma de representación. Recuperar el equilibrio entre representación y gobernabilidad no exige rupturas, sino abandonar la adoración fetichista de la fragmentación y corregirla mediante reglas que obliguen a traducir los votos en mayorías reconocibles, reforma del sistema electoral mediante, con mecanismos correctores, como umbrales nacionales, modelos mixtos, que preserven el pluralismo sin convertir el Parlamento en un mosaico ingobernable. Exige un Senado real, no decorativo, donde las demandas autonómicas se negocien a ojos vista. Y exige, sobre todo, devolver al proceso legislativo su dignidad deliberativa.
Hay, sin embargo, una carencia más profunda que atraviesa todo este proceso y que no se corrige únicamente con reformas técnicas. Es la desaparición de la hidalguía política, entendida, no como nostalgia aristocrática, sino como ética mínima del poder. Ese tipo de hidalguía consistía en saber perder, en no exprimir hasta el límite la ventaja coyuntural cuando hacerlo dañaba el marco común. Era la conciencia de que no todo lo posible es legítimo, y de que no todo lo legítimo es conveniente cuando se gobierna una comunidad que debe perdurar.
La política española ha ido sustituyendo esa hidalguía por una astucia menuda propia de quien regatea en un mercado saturado, apurando la moneda ajena y preservando la propia. La hidalguía política implicaba aceptar que gobernar no es solo ganar votaciones, sino sostener reglas; es hacer de la custodia la obligación que moviliza voluntades para la reforma. Cuando desaparece esa disposición moral, el poder se vuelve táctico e irresponsable, una aspiración a resistir, pero no a gobernar. Y cuando nadie gobierna de verdad, la democracia se vacía, aunque conserve intactas sus formas.