Regularización migratoria como eje de derechos humanos y de justicia social

En un contexto donde Chile alberga casi 2 millones de migrantes —de los cuales cerca de 180.000 fueron identificados en la irregularidad por el empadronamiento biométrico de 2023—, la urgencia de abordar la regularización migratoria que reconozca los derechos sociales fundamentales trasciende lo administrativo y político para convertirse en un imperativo ético y jurídico.

Lejos de ser un mero trámite, este proceso es la llave para garantizar la dignidad humana, combatir la explotación laboral y construir una sociedad inclusiva. Sin embargo, la brecha entre los compromisos internacionales del Estado y sus políticas concretas revela desafíos críticos que exigen acción inmediata.

Aunque en el horizonte político estos temas no estén presentes, ello no niega las necesidades existentes y sus consecuencias. La insistencia en ellos, en reconocer la dignidad es válida puesto que daña a la sociedad el no establecimiento de una solución efectiva a una situación que mantiene cientos de miles de personas en la precariedad. (Se estiman en 330.000 la totalidad de las personas migrantes en situación irregularidad)

Obligaciones internacionales vs. Realidades locales

Chile es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios (ICRMW), que en su Artículo 69 exige medidas para evitar la irregularidad, considerando factores como el tiempo de residencia y la situación familiar. También ha ratificado pactos fundamentales como el PIDESC y la Convención sobre los Derechos del Niño, que protegen derechos laborales, familiares y sociales sin distinción migratoria. No obstante, la Ley de Migración

21.325 (2021) prioriza el control fronterizo mediante requisitos restrictivos —como visas consulares, seguros médicos costosos y pruebas de solvencia económica— que criminalizan la pobreza y perpetúan la informalidad.

El empadronamiento biométrico de 2023, aunque un avance para visibilizar a la población migrante irregular, evidenció una contradicción: el 85,7% de los inscritos están empleados y el 86% desea quedarse en Chile, demostrando que se trata de una migración estable, no transitoria, no regularizada. Sin embargo, sin una ruta clara hacia la regularización con garantía de derechos sociales reconocidos, estos datos podrían usarse para fines represivos, como deportaciones masivas, en lugar de políticas de integración.

Vulnerabilidades sistémicas: Entre la explotación, racismo y la xenofobia

La irregularidad migratoria no es un problema abstracto. En Chile, miles de personas viven en la sombra, expuestas a redes de trata, prestamistas informales y trabajos precarios en rubros como la construcción o el servicio doméstico. La falta de documentación las priva de acceder con normalidad (vivir con miedo a ser deportados) a denuncias laborales o servicios de salud, violando estándares mínimos de derechos humanos. Paralelamente, el discurso público que vincula migración con delincuencia ha normalizado la xenofobia, expandido el racismo, erosionando la convivencia social.

Un caso emblemático son las familias con hijos nacidos en Chile, o no: padres irregulares enfrentan posibles deportaciones que fracturan núcleos familiares, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño exige priorizar el interés superior de menores. Además, la ausencia de una ley de protección de datos migratorios expone a quienes participaron del empadronamiento 2023 al riesgo de que su información sea utilizada para fines distintos a los anunciados.

Propuestas para una política migratoria con enfoque de derechos

Desde el Foro Académico Migratorio, se ha insistido en dos medidas urgentes muy válidas:

1. Regularización prioritaria de grupos vulnerables, especialmente padres y madres con hijos chilenos, para garantizar la unidad Se refieren a los migrantes ya con perfil biométrico.
2. Protección estricta de datos biométricos, evitando su uso con fines

Estas demandas son coherentes con los estándares internacionales, son limitadas en el contexto general de 330,000 personas en la irregularidad, pero no por ello no válidas. Hay que garantizar una regularización con garantía de derechos sociales, como elementos básicos. Hay que considerar que para evitar su reproducción futura se requiere un marco legal robusto. Chile debe reformar su Ley de Migración para simplificar trámites, eliminar barreras económicas discriminatorias y crear mecanismos excepcionales para quienes, en la irregularidad, llevan años contribuyendo al país. Además, es crucial fortalecer las inspecciones laborales en sectores con alta informalidad

migrante, sin condenar al migrante por sus actos de sobrevivencia y diseñar campañas estatales contra la discriminación, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Los derechos fundamentales de todas las personas residiendo en el territorio es una necesidad básica para un desarrollo sustentable real.

Sabemos en que contexto nos movemos, pero no podemos dejar de precisar lo necesario, aunque lo posible en esta coyuntura esté mediado y limitado por condicionantes de otro tipo no migratorio.

Entre el miedo y la oportunidad

Chile se encuentra en una encrucijada. Puede optar por perpetuar un sistema securitario que marginará a cientos de miles de personas, alimentando la xenofobia y la explotación, o puede asumir el liderazgo regional al demostrar que la regularización masiva no debilita la seguridad, sino que la fortalece al construir comunidades estables y productivas.

El Documento del Foro Académico, es un aporte de mucho valor desde la experiencia de los académicos expertos en el tema, que buscan lo mejor para el país en las condiciones actuales.

Los migrantes ya estamos aquí, trabajando, criando hijos y enriqueciendo la cultura nacional. El empadronamiento de 2024 no puede ser un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia una política que honre los compromisos de Chile con los derechos humanos.

Regularizar no es una concesión: es reconocer que la dignidad no tiene fronteras. Esto no debilita la soberanía, la fortalece, la actualiza construyendo un presente y un futuro próspero con el trabajo de todas y todos incluso de quienes llegamos al país a trabajar.