El Gobierno inicia los trámites para implantar las 35 horas semanales para los funcionarios

El Ministerio de Función Pública ha trasladado este miércoles a los sindicatos CCOO y UGT que activará el procedimiento para implantar la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE). Tras tantear a las organizaciones sindicales la semana pasada sobre la posibilidad de vincular esta medida a la aprobación de los Presupuestos de 2026 y obtener el rechazo de estas, el departamento que dirige Óscar López mantiene el compromiso previo. Los sindicatos estiman que esta reducción de jornada podría ser efectiva para marzo.

Antes de que se implanten las 35 horas semanales, el Ministerio debe activar un procedimiento, que pasa, primero, por la propuesta de nuevas instrucciones sobre jornada y horario del personas al servicio de la AGE y sus organismos públicos. Después, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero, “para informar de dicha modificación a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos”, aclaran fuentes ministeriales.

Tras estos pasos, se elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. La jornada de 35 horas semanales era un compromiso del penúltimo acuerdo marco, para la Administración del Siglo XXI, que el Gobierno firmó con CCOO y UGT en 2022 con una vigencia hasta 2024. La medida, por tanto, quedó pendiente incluso tras la firma del nuevo acuerdo el pasado mes de noviembre, esta vez con CSIF, donde se volvió a comprometer su puesta en marcha, con carácter prioritario.

La reducción de la jornada, que afecta a más de 246.000 trabajadores públicos, según los datos del último Boletín Estadístico de Personal de las Administraciones Públicas, se producirá, según ha trasladado el Ministerio a los sindicatos, “en los plazos acordados”. “Ambas organizacones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente”, señalan en un comunicado. Esto situaría esa implantación entre finales de febrero y marzo, según fuentes sindicales, aunque desde el Ministerio evitan por el momento dar una fecha concreta. No obstante, los sindicatos han insistido en que esta debe afectar también al personal de Instituciones Penitenciarias.

CCOO y UGT avanzan también que el Ejecutivo ha accedido a buscar el “instrumento normativo adecuado” que garantice la recuperación de la jubilación anticipada parcial del personal laboral, que quedó en el limbo tras la reforma de las pensiones, que obliga a que los contratos relevos sean indefinidos, lo que, en el sector público, requiere de un proceso de oposiciones.