El Supremo confirma más de un año de cárcel a neonazis de Democracia Nacional por atacar a personas a las que consideraron independentistas
El Tribunal Supremo confirma la condena a un año y medio de prisión y la multa impuesta a tres simpatizantes del partido neonazi Democracia Nacional por insultar y agredir a tres personas, a las que consideraban independentistas, en Balsareny (Barcelona) en 2018.
La Sala de lo Penal desestima los recursos de casación interpuestos por dos de los tres condenados contra la sentencia que les impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, a su vez, confirmó las penas dictadas por la Audiencia Provincial de Barcelona. Fueron hallados autores, cada uno de ellos, de tres delitos de odio, en concurso con un delito contra la integridad moral y otro leve de lesiones.
El alto tribunal considera que los condenados actuaron movidos "por su profundo desprecio hacia las personas del independentismo catalán y de ideología de izquierdas". Y con "ánimo de menoscabar su integridad física y perturbar su tranquilidad y seguridad, se dirigieron amedrentándolos, increpándolos, escupiéndoles y profiriéndoles insultos tales como 'independentistas de mierda, rojos, rojas de mierda, cerdos independentistas, hijos de puta, guarros, asquerosos'".
Añade, en este sentido, que el ataque se produjo por el "odio al diferente" que sentían y por razón de la consideración de que las víctimas eran originarias de Cataluña. Para la Sala estas circunstancias determinan lo que se entiende como una "exclusión social", que pena el artículo 22.4 del Código Penal de agravante de discriminación desde la reforma que se introdujo en 2021.
El TS explica que en este supuesto concurren las mismas circunstancias y condiciones que ya se fijaron por el tribunal (en la sentencia 437/20222, de 4 de mayo) respecto a que no hace falta que el colectivo afectado y sus integrantes sean vulnerables.
En esta nueva sentencia recuerda que en aquel fallo las víctimas se resolvió que las víctimas lo eran "por su nacionalidad española y solo por esa condición, para darles un trato excluyente por esta circunstancia, y en este supuesto lo es por el trato excluyente por la pertenencia de las víctimas a Cataluña, y por su ideología (independentista), pero sobre todo por su pertenencia a una comunidad autónoma, que es lo que integra el delito de odio en cuanto a una postulación de la exclusión social y territorial".
La Sala Segunda añade que "no cabe, así, en un Estado social, democrático y de derecho ataques a las personas por su condición de españoles para excluirles de un territorio de la propia nación España, pero, al mismo tiempo, tampoco cabe hacer exclusión social de los pertenecientes a un determinado territorio, como si fueran de inferior categoría y postulando esa exclusión social que se pretende con los delitos de odio, donde se atenta a la igualdad de todos los ciudadanos en su territorio y en la nación".
La sentencia indica que no cabe que unas personas exijan "pensamientos iguales entre todos" y que si no concurre esa "igualdad ideológica", o de consideraciones territoriales, exista una legitimación para odiar, atacar, menospreciar, humillar o atentar contra quienes consideran diferentes en su forma de ser o pensar.