El país debe colocar a la extorsión como su principal prioridad debido a la afectación que causa a las decisiones de inversión, la operación cotidiana, así como la limitación de la capacidad de crecimiento de las empresas, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Si bien es relevantela aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito”, expresó. “Fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley, es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción”, afirmó mediante un comunicado. La Coparmex recordó que los datos abiertos de la Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP revelan que al cierre de 2025 se observa evidencia de reducción en algunos delitos aunque “la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”.Precisó que el incremento registrado desde 2015 se basa únicamente en las extorsiones denunciadas, lo que no refleja la dimensión real del problema, “ya que diversas estimaciones advierten que, al considerar la cifra negra, el crecimiento de este delito sería aún más relevante”.“En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1 por ciento en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local”, puntualizó. Mientras que a nivel estatal, el delito de la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia “fallas estructurales en la contención del delito”. En este sentido, especificó que el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz concentran 65.2 por ciento de las víctimas de la extorsión, mientras que sólo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula 81 por ciento del total nacional. La confederación señaló que en 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significó que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de mil 300 por ciento; Chiapas, con 364.3 por ciento; Ciudad de México, con 264.4 por ciento; Nayarit, con 171.4 por ciento; Yucatán, con 100 por ciento; y Puebla, con 84.4 por ciento. Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, Ciudad de México concentra 4 y Nuevo León cuenta con 2. “Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez”, remarcó. No obstante, en las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente, ya que 17.35 por ciento de los delitos se concentran en entidades colindantes, de los cuales 12.27 por ciento corresponden a la frontera norte y 5.07 por ciento a la frontera sur.Además, dijo que al analizar la evolución anual por región, destaca la frontera sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4 por ciento frente al 7.9 por ciento observado en la frontera norte. En tanto, los resultados de Data Coparmex arrojan que 46.8 por ciento de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos.MRA
