Regularización masiva de migrantes sin pasar por el Congreso

El Gobierno ha cerrado con Podemos un acuerdo para impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular mediante real decreto, una fórmula que permitirá sacar adelante la medida sin someterla a una votación específica en el Congreso de los Diputados. El pacto, avanzado ayer tarde en las últimas horas, establece como principal requisito acreditar cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, un umbral sensiblemente inferior al exigido hasta ahora por la normativa de extranjería.

La iniciativa, que se articulará desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contempla la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de carácter provisional a quienes puedan demostrar su presencia continuada en el país mediante empadronamiento, certificados médicos, informes de servicios sociales o contratos de alquiler. El Ejecutivo calcula que la medida podría beneficiar a cientos de miles de personas, una cifra que sitúa la regularización entre las más amplias aprobadas en democracia. Se espera que los beneficiados sean alrededor de medio millón, aunque Podemos aspira a que lleguen a más de un millón.

El acuerdo se ha negociado de forma discreta entre Moncloa y la formación morada, que llevaba meses presionando para reactivar una regularización «a gran escala» tras el bloqueo parlamentario de iniciativas similares. La vía del decreto permite al Gobierno sortear una tramitación parlamentaria que, en el contexto actual de mayorías frágiles y negociaciones cruzadas, se había convertido en un obstáculo político difícil de salvar.

Desde el Ejecutivo se defiende la urgencia de la medida por razones sociales y laborales. Fuentes gubernamentales subrayan que una parte relevante de la economía –especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados– depende de mano de obra extranjera en situación administrativa irregular. Regularizarla, sostienen, permitirá aflorar empleo, aumentar cotizaciones y reducir la economía sumergida.

Sin embargo, el uso del real decreto para una decisión de este alcance reabre el debate sobre los límites del poder Ejecutivo y el papel del Parlamento. Aunque la Constitución habilita al Gobierno a legislar por decreto en casos de «extraordinaria y urgente necesidad», la oposición cuestiona que la regularización de cientos de miles de personas encaje en ese supuesto sin un debate previo en sede parlamentaria.

El anuncio provocó una reacción inmediata del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ejecutivo de utilizar la política migratoria como «cortina de humo» en un momento de especial desgaste político para el Gobierno. En Génova consideran que la regularización envía un «mensaje equivocado» y alertan del impacto que puede tener sobre los servicios públicos y el mercado laboral. Además de aumentar el «efecto llamada». «En la España socialista, la ilegalidad se premia».

Vox, por su parte, también denunció lo que califica de «efecto llamada», reclamando un giro radical en la política migratoria y un refuerzo del control fronterizo.

En Moncloa insisten en que no se trata de una amnistía general, sino de una regularización condicionada, con requisitos documentales y controles administrativos.

Uno de los elementos que más controversia genera es el plazo mínimo de residencia exigido. Hasta ahora, el arraigo social requería acreditar tres años de permanencia continuada en España. El nuevo esquema reduce ese periodo a cinco meses, un cambio que, según sus críticos, desnaturaliza el sistema y rompe el equilibrio entre control migratorio e integración.

Podemos defiende el nuevo umbral como una respuesta realista a la situación de miles de personas atrapadas en la irregularidad administrativa. «No se puede pedir a alguien que viva tres años en la sombra para acceder a derechos básicos», sostienen fuentes del partido, que presentan el acuerdo como una victoria política tras meses de presión al ala socialista del Gobierno.

Comunidades autónomas y ayuntamientos asumirán buena parte del impacto práctico de la regularización.

Mientras tanto, la regularización avanza por la vía administrativa, lejos del hemiciclo y del debate parlamentario. Una decisión de gran calado que vuelve a situar la política migratoria en el centro de la confrontación política y que anticipa un nuevo frente de desgaste para el Ejecutivo en los próximos meses.