Gobernar sin política económica
España atraviesa una etapa de absoluta orfandad en materia de política económica. No se trata de una discrepancia ideológica ni de un debate legítimo sobre modelos alternativos de crecimiento, sino de algo mucho más grave: la ausencia total de una estrategia económica coherente por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Gobernar sin Presupuestos Generales, improvisar reformas al dictado de socios parlamentarios y anunciar instrumentos vacíos de contenido económico real constituye una anomalía que mina las bases de cualquier economía avanzada. Un Gobierno que renuncia a aprobar presupuestos no está simplemente sorteando una dificultad parlamentaria, está abdicando de su función esencial de dirección económica.
Los presupuestos son el principal instrumento de política económica de un Ejecutivo: fijan prioridades, envían señales a los agentes económicos y permiten evaluar la coherencia entre ingresos, gastos y objetivos macroeconómicos. Gobernar sin ellos es aceptar la deriva, la provisionalidad y la improvisación como norma. A este vacío se suma un elemento particularmente dañino: la subordinación de la política económica a los intereses del independentismo catalán.
La anunciada reforma del sistema de financiación autonómica no responde a criterios de equidad, eficiencia ni suficiencia financiera, sino a la necesidad política de mantener apoyos parlamentarios. Se plantea un rediseño del sistema no para corregir disfunciones reales, sino para satisfacer exigencias territoriales concretas, erosionando la igualdad entre españoles y debilitando la cohesión económica del país.
El mensaje que se transmite es demoledor: las reglas fiscales y de reparto pueden modificarse no en función de principios técnicos, sino de intercambios políticos coyunturales.
Esto introduce una enorme inseguridad jurídica, ya que los marcos institucionales dejan de ser estables y previsibles. Y pocas cosas resultan tan nocivas para una economía como la incertidumbre normativa y la arbitrariedad en las reglas del juego.
En este contexto se encuadran también las llamadas «ocurrencias», como el reciente anuncio del denominado fondo soberano. No estamos ante un instrumento propio de países con superávit estructural o rentas extraordinarias derivadas de recursos naturales, sino ante un artefacto propagandístico, financiado con fondos europeos, cuyo objetivo real es evitar su pérdida por incapacidad de ejecución y prolongar artificialmente el impulso del gasto público. Llamarlo fondo soberano no altera su naturaleza: es intervención política en la asignación de capital, no ahorro nacional gestionado con criterios de largo plazo.
El problema de fondo es que el crecimiento económico se sostiene cada vez más sobre bases insanas. Se crece a golpe de gasto público, déficit y deuda, no por mejoras de productividad ni por un entorno favorable a la inversión privada. Este tipo de crecimiento puede generar cifras coyunturales aceptables, pero no es sostenible ni genera prosperidad duradera. Al contrario, compromete el futuro al aumentar la carga financiera y reducir el margen de maniobra ante futuras crisis.
Más preocupante aún es la degradación del capital humano. España está perdiendo profesionales de alto valor añadido –ingenieros, científicos, financieros, perfiles tecnológicos y sanitarios altamente cualificados, entre otros–, que se ven obligados a emigrar ante la falta de oportunidades, la elevada confiscación tributaria y la inseguridad regulatoria.
A cambio, se produce una acumulación de nueva población de baja cualificación, concentrada en sectores de escaso valor añadido, con salarios bajos y baja productividad. El resultado es un empobrecimiento estructural de la economía española.
No se trata de un fenómeno demográfico neutro: la productividad media cae, la base fiscal se debilita y el modelo productivo se estanca. Sin capital humano cualificado no hay innovación, y sin innovación no hay crecimiento real. Pretender sustituir productividad por gasto público es una ilusión que siempre termina mal.
Todo ello ocurre en un entorno de inseguridad jurídica creciente: cambios regulatorios constantes, intervenciones ad hoc, mensajes contradictorios y ausencia de una hoja de ruta clara. La economía necesita certidumbre para invertir y crecer. Cuando esa certidumbre desaparece, el capital se retrae o se marcha. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
En definitiva, España no padece un problema de falta de recursos, sino de falta de política económica seria. No hay visión de largo plazo, no hay respeto por los equilibrios presupuestarios, no hay apuesta por la productividad ni por el capital humano. Hay, en su lugar, improvisación, propaganda y dependencia del gasto público como único motor aparente.
Una economía no puede sostenerse indefinidamente sobre déficit público, deuda y retórica. Sin reformas estructurales, sin estabilidad institucional y sin una estrategia clara, el crecimiento actual no es más que un espejismo. Y los espejismos, tarde o temprano, se desvanecen.