Sala del Senado inicia discusión de proyecto que beneficia a presos de Punta Peuco

La Sala del Senado inició este miércoles la discusión del proyecto que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, que permitiría que personas con enfermedades y mayores de la tercera edad puedan terminar de cumplir sus condenas en arresto domiciliario total, en determinados casos.

La iniciativa fue propuesta por las y los senadores de oposición, Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Independiente, ex RN) y Carlos Kuschel (RN) y ya fue analizada en general y en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Previo al inicio del debate, la y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Matías Walker (Demócratas) solicitaron que la iniciativa sea estudiada por la Comisión de Constitución, dado que se trata de normas que dicen relación con temas propios de esa instancia especializada. La petición fue sometida a votación, pero fue rechazada por la Sala con 21 votos a favor y 24 en contra.

Tras ese rechazo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) solicitó una segunda discusión de la iniciativa y dado que no tiene urgencia, serán los comités los que decidan cuando ponerla en tabla.

Con todo, la primera discusión se extendió por más de dos horas y se inició con el informe que entregó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Francisco Chahuán. El parlamentario explicó los alcances del proyecto y recordó que junto al senador Rojo Edwards (Independiente) realizaron una visita al penal Colina I, para constatar en terreno las condiciones de los reclusos.

De acuerdo a Chahuán, con el proyecto “no se persigue impunidad, sino que la humanización del castigo penal” y que los reclusos que están con enfermedades terminales puedan tener una muerte digna fuera del recinto penitenciario.

Del debate también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien intervino en varias oportunidades para manifestar la postura del Ejecutivo de rechazo a la iniciativa, entregar cifras respecto de los potenciales beneficiados con este proyecto y plantear las “falencias técnicas” que tiene.

Gajardo señaló que no sólo presenta una tensión evidente y es contrario al Estatuto de Roma y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también permitiría que criminales de lesa humanidad y personas que han cometido graves delitos contra la indemnidad sexual sean excarcelados y cumplan su condena en sus domicilios.

En esa línea, afirmó que de los potenciales beneficiarios son 370 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y 365 condenadas por delitos comunes, de los cuales 192 son por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por delitos de homicidio y 5 por parricidio.

Los senadores Enrique Van Rysselberghe, Rojo Edwards y José Pilo Durana, manifestaron su postura a favor de la iniciativa, mientras que las y los senadores Fidel Espinoza, Pedro Araya, Fabiola Campillai, Paulina Vodanovic, Matías Walker, Gastón Saavedra, Daniel Núñez, Esteban Velásquez, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual, Alfonso De Urresti y Yasna Provoste, se mostraron en contra de la misma.