El Gobierno vasco otorga un tercer grado "fraudulento" al último asesino de ETA, como denuncia COVITE

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión de terceros grados "fraudulentos" a los miembros de ETA Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Jon González González, "sin arrepentimiento". Así, opina que la decisión se toma en el marco de una política penitenciaria que "continúa avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras, sin exigirles este arrepentimiento, requisito legal ineludible para acceder al tercer grado".

En un comunicado, Covite ha asegurado que los dos presos de ETA beneficiados por un tercer grado en esta ocasión "continúan vinculados activamente a la izquierda abertzale y exhibidos públicamente por organizaciones como Sare y Etxerat".

Así, ha revelado que los dos "figuran en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025)", que recoge a los presos de ETA "adscritos a la órbita de Sortu, a los que califican como presos políticos". Según ha recordado, en ambos casos la progresión de grado se sustenta en cartas manuscritas privadas en las que los presos "expresan fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, renuncia a la violencia y compromiso con vías democráticas".

Para Covite, estas declaraciones "carecen de credibilidad cuando no van acompañadas de hechos objetivos que las respalden". "El artículo 90 del Código Penal exige signos inequívocos de arrepentimiento, no textos retóricos que nunca se hacen públicos y que son desmentidos por la realidad", ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Asimismo, ha apuntado que, tanto en el caso de Agirregabiria como en el de González, "los informes penitenciarios aluden a una supuesta actitud empática hacia las víctimas, sentimientos de culpabilidad y voluntad de reparación", además de factores como "el apoyo familiar, la cualificación laboral o la ausencia de adicciones".

Sin embargo, Covite ha subrayado que ninguno de estos elementos "sustituye el requisito legal esencial del arrepentimiento real", que implica "necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA".

"No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que se lo prohíben expresamente desde hace muchos años, y se encargan de recordarlo públicamente cada cierto tiempo", ha subrayado Ordóñez.

Desde el colectivo de víctimas han insistido en que "comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo", ya que "cuando lo está, queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale", y han recordado que así ocurrió con "el recientemente fallecido Iván Apaolaza".

Consuelo Ordóñez se ha preguntado que "si tanta empatía tienen con las víctimas, ¿por qué no hacen públicas esas cartas y las dirigen a las familias de sus víctimas, en lugar de que solo queden en un expediente administrativo?".

A su juicio, esas cartas "son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe". "Es vergonzoso que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos", ha asegurado.

"Falta de transparencia"

Covite también ha denunciado la "falta de transparencia" del Gobierno Vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA. En ese sentido, ha lamentado que, pese a que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente el pasado mes de noviembre, en una jornada organizada por la AVT, a "mejorar la información" a las víctimas del terrorismo, ese compromiso "no se está cumpliendo".

En concreto, el colectivo ha solicitado al Ejecutivo vasco datos sobre cuántos presos de ETA se han acogido al artículo 117 del Reglamento Penitenciario, una vía excepcional que permite a reclusos clasificados en segundo grado -que no pueden progresar al tercero porque les falta el requisito de cumplimiento de al menos la mitad de la condena- disfrutar de beneficios propios del tercero.

Según ha denunciado, el Gobierno Vasco "ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez". "No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia", ha recalcado Ordóñez.

Por último, desde Covite han criticado que el Ejecutivo de Imanol Pradales "no informe sobre los destinos laborales o de formación de presos de ETA beneficiados con terceros grados o con el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, incluso cuando existen órdenes de alejamiento de sus víctimas". "Las víctimas tenemos derecho a saber dónde van a trabajar estos presos. No proporcionar esa información supone una vulneración directa de nuestro derecho a la justicia", han concluido.