Ábalos insiste: se considera perjudicado por el intento de Leire Díez de "someter" su defensa a los intereses del PSOE
José Luis Ábalos insiste en considerarse perjudicado por las maniobras de Leire Díez, la "fontanera del PSOE", por lo que ha recurrido la negativa del instructor, el magistrado Arturo Zamarriego, a permitirle ejercer la acusación particular en el procedimiento abierto contra ella por cohecho y tráfico de influencias -tras la querella de Hazte Oír- a cuenta de sus intentos de presionar a fiscales Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) para frenar investigaciones que salpican al PSOE.
En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su abogado reitera que las conductas investigadas "afectan directamente" al derecho de defensa del exministro de Transportes.
Y se refiere expresamente a que Díez "habría manifestado tener bajo su control la defensa jurídica" de Ábalos. Una "operación de inteligencia" que, añade, tendría como objetivo "modificar" su línea de defensa "para someterla a directrices políticas en beneficios del PSOE".
Y añade un motivo más para apuntalar su condición de perjudicado directo: la pretensión de la investigada de "reconducir la situación" procesal del ex secretario de Organización del PSOE "mediante el acceso a información reservada de la Guardia Civil y Fiscalía", lo que según denuncia "constituye una injerencia" en su defensa.
Aunque los delitos investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid son contra la Administración Pública, el letrado incide en que también "pueden generar víctimas concretas" y un perjudicado directo "cuando la acción delictiva lesiona intereses particulares específicos".
En este caso, razona, la conducta de Leire Díez "no solo afectaría al interés de la Administración", sino también a Ábalos "como perjudicado directo de la acción emprendida".
"Lesión directa" a su derecho de defensa
"El intento de reconducir la situación y someter la estrategia procesal" de Ábalos a "directrices externas" constituye, según su criterio, "una lesión directa a su autonomía y derecho de defensa".
"Al intentarse una operación de inteligencia paralela para influir en sus causas judiciales", añade, el exministro "adquiere la condición de perjudicado por la obstrucción a la Justicia y el tráfico de influencias que se investiga, ya que su posición jurídica en los proceso penales en curso se ve afectada".
Para la defensa de Ábalos, la alternativa de ejercer la acusación popular -sugerida por el instructor- no es una solución, "ya que la acusación particular goza de una protección superior en cuanto a la defensa de intereses propios".
No puede afrontar una fianza "exorbitante"
Y recuerda al respecto que a la acusación popular se le exige la presentación de una querella y el abono de una fianza, que "en su actual situación resultará siempre exorbitante y condicionará su participación efectiva en el procedimiento", lesionando su derecho a la tutela judicial efectiva.
El abogado niega que su petición se base únicamente en informaciones periodísticas y recalca que junto a su escrito de personación ha adjuntado "documentación que acredita el conocimiento de reuniones donde se mencionaba específicamente" a Ábalos.
En este sentido, alude a que el hecho de que abriese diligencias tras la denuncia de Hazte Oír "confirma que el juzgado ve indicios de delito" y si este consiste "en manipular la defensa" del exministro "es indiscutible su interés legítimo en el proceso".