Las víctimas instan al juez a prorrogar la investigación por el asesinato de Gregorio Ordóñez
Treinta y un años después del asesinato de Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995, las asociaciones de víctimas –Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)–, la familia del entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián (su viuda y su hijo y, también, su hermana Consuelo Ordóñez) y el propio Partido Popular instan al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge a seguir adelante con la investigación contra cinco exjefes de ETA seis meses más.
Según los diferentes escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, otra de las acusaciones, la que ejerce el Consistorio donostiarra, se ha limitado a hacer suyo el criterio que adopte al respecto la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado según las fuentes consultadas.
El juez De Jorge investiga la supuesta responsabilidad de Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»; Julián Achurra, «Pototo»; y José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri», en el asesinato del concejal del PP. Un atentado que ETA enmarcó en su campaña de «desestabilización» que, desde el verano de 1993, puso en la diana a cargos públicos del PP y del PSOE para forzar a negociar al Gobierno de Felipe González.
En septiembre del pasado año, tanto la AVT como Dignidad y Justicia y el PP solicitaron al juez que cerrara ya la investigación –reabierta en diciembre de 2014 a instancias de la familia de Ordóñez– una vez De Jorge había comunicado ya su procesamiento (acordado hace ahora un año) a todos los imputados.
En septiembre pidieron el cierre de la causa
Pero ahora, las circunstancias son distintas y las tres acusaciones están a favor de la prórroga de la instrucción. Y es que en diciembre de 2015 De Jorge acordó una batería de diligencias que no se han completado. Entre ellas, la incorporación al procedimiento de las cartas en las que ETA situaba a políticos del PP como objetivo criminal (posteriores al asesinato de Ordóñez, pero reveladoras del propósito que impulsaba esa campaña), cuya autoría la Guardia Civil atribuye a «Kantauri».
Por este motivo, la acusación particular y las acusaciones populares consideran ahora necesario prolongar la instrucción más allá del próximo 29 de enero «a fin de que se completen las diligencias pendientes», de cuyo resultado, a su vez, «pueden derivarse otras».
Esas dos cartas, intervenidas en Basauri (Vizcaya) tras la desarticulación en 1997 del «comando Vizcaya», sirvieron para apuntalar la condena a «Kantauri» por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz, en Sevilla en el año 1998.
La primera, de julio de 1997, lanza un mensaje claro a los integrantes de los «comandos»: «Es muy importante darles a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es objetivo (...). Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible», apuntaba la orden de la dirección de la banda terrorista. Fue precisamente es julio de 1997 cuando ETA secuestró al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, a quien asesinaría tres días después.
Dos cartas atribuidas a "Kantauri"
En la segunda misiva, de septiembre de ese mismo año, se redoblaban esas instrucciones para obligar al Gobierno a negociar el acercamiento al País Vasco y Navarra de presos etarras. «Si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza. Pero tened en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza». «Darles “kaña” lo más fuerte que podáis», hacía hincapié la dirección de la banda terrorista.
Entre esas diligencias que ya han sido acordadas por el instructor en la recta final de la investigación figura también la petición a la Guardia Civil del comunicado con el que ETA reivindicó el atentado mortal el 31 de enero de 1995 a través del diario «Egin».
«ETA, organización vasca socialista revolucionaria para la liberación nacional, asume la acción armada realizada contra el miembro del Partido Popular español Gregorio Ordóñez el pasado 23 de enero en San Sebastián, a consecuencia del que resultó muerto». Con esta frialdad reivindicó ETA el atentado contra el político del PP, que fue tiroteado a bocajarro en el bar «La Cepa» de San Sebastián mientras almorzaba (después de que ETA estudiara sus rutinas). Valentín Lasarte, «Txapote» y Juan Ramón Carasatorre fueron condenados por el atentado.
Condenas en Francia
El magistrado acordó igualmente que se incorporasen a la causa una decena de condenas de la Justicia francesa a los cinco exjefes de ETA por pertenencia a asociación de malhechores (para desbaratar el alegato exculpatorio de que ya habrían sido condenados por estos mismos hechos).
No obstante, De Jorge descartó reclamar el audio de las amenazas a Ordóñez a través de la cadena Ser (palabras que quedaron grabadas en el contestador), como reclamó la Fiscalía, que barajaba pedir que se escuchasen en el juicio (el instructor precisó que esas grabaciones se encuentran ya en una pieza separada desde febrero de 1995).
Tampoco vio necesario incorporar la declaración judicial del etarra arrepentido Valentín Lasarte del 30 de marzo de 1996, incorporada a un informe policial que no ha sido impugnado.