Despiden a un trabajador tras reclamar el pago de horas extra: el tribunal declara nulo con 6.000 euros de indemnización
Pese a las mejoras en términos de desempleo que ofrecen desde La Moncloa, con un total de 2.408.670 de desempleados en paro en diciembre, el mercado laboral en España presenta actualmente numerosos desafíos que colocan a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. La alta competencia por empleos junto con la presión económica obligan, en muchas ocasiones, a aceptar puestos con condiciones precarias donde la estabilidad y los derechos básicos no siempre están garantizados. Ejemplos como jornadas excesivas, pagos irregulares y falta de reconocimiento de las horas trabajadas son problemas frecuentes que afectan la calidad de vida y la seguridad laboral de muchos asalariados.
En este contexto, contar con un marco normativo sólido es fundamental para proteger a los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores establece derechos esenciales, mientras que, concretamente, la "garantía de indemnidad" asegura que los empleados puedan reclamar o defender sus derechos sin temor a represalias, siempre que estos sean vulnerados dentro de su núcleo de trabajo. Estos preceptos actúan como un escudo que mantiene un equilibrio mínimo entre empleador y trabajador, asegurando que ninguna acción legítima en defensa de sus derechos pueda ser penalizada.
Dentro de este marco, se sitúa el caso que hoy nos ocupa, en el que un trabajador fue despedido tras reclamar horas extra que no habían sido retribuidas por la empresa. Según la sentencia del Tribunal Supremo 523/2024, de fecha 20 de diciembre, el despido fue declarado nulo y la empresa fue condenada a readmitir al empleado y a abonarle una indemnización notable por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. El fallo confirma que el despido fue consecuencia directa de la reclamación del trabajador sobre sus derechos laborales y que no existieron motivos legítimos que lo justificaran.
Cronología de un despido improcedente
Con el fin de comprender todo el caso, hemos de situarnos en el día donde estalló el conflicto. El trabajador había laborado durante una jornada de 12 horas y recibió instrucciones para realizar dos horas adicionales. Ante esta situación, argumentó que aceptar la orden implicaría superar las horas máximas permitidas por la normativa vigente y que, además, había solicitado previamente la revisión de su jornada. Al mismo tiempo, reclamó el pago de horas extra no abonadas y contactó con la Inspección de Trabajo en varias ocasiones para denunciar el incumplimiento de la legislación sobre la jornada laboral.
La compañía contratante, por su parte, despidió al susodicho alegando que su defensa se basaba en la supuesta desatención del trabajador a una orden laboral y en una pérdida de confianza, sin aportar documentación que respaldara estas afirmaciones. La controversia llevó el caso primero al Juzgado de lo Social número cinco de Badajoz, que declaró el despido improcedente. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la decisión antes de que el asunto llegara al Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo declara nulo y 6.000 euros de indemnización
Al revisar el caso, el Tribunal Supremo destacó que el despido vulneró la garantía de indemnidad del trabajador, un principio que protege a los empleados frente a represalias por reclamar sus derechos, mencionado con anterioridad. El tribunal enfatizó que la carga de la prueba recae sobre la empresa, que no consiguió demostrar la existencia de motivos legítimos para la terminación de la relación laboral. Asimismo, la ausencia de pruebas llevó al Supremo a revocar las decisiones anteriores y declarar el despido como nulo.
Como resultado, la empresa fue obligada a readmitir al trabajador y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la reincorporación. Además, se le impuso una indemnización de 6.000 euros por la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Este caso subraya la importancia de que los empleados conozcan sus derechos y la relevancia de los tribunales como garantía frente a prácticas laborales injustas, ofreciendo un precedente claro sobre la protección de quienes reclaman horas trabajadas no reconocidas.