Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, explica cómo acabar con la okupación: “No pasa por penas más duras”

El fenómeno okupa sigue al alza en España en este 2026 en cualquiera de sus vertientes. Los casos se repiten ya sea mediante el modo clásico de asalto o mediante la inquiokupación, es decir, dejando de pagar de forma indefinida tras alquilar una vivienda. Ambos casos pueden tardar meses e incluso años en solucionarse, sobre todo cuando los inquilinos son vulnerables. El próximo 27 de enero se votará, dentro del decreto ómnibus, la prórroga del Real Decreto-ley que impide el desalojo de los okupas vulnerables sin alternativa habitacional.

Una medida que las plataformas contra la okupación consideran que es "inadmisible". Piden otras medidas que verdaderamente solucionen este problema: "Sin inversión en vivienda pública ni recursos para los Servicios Sociales, el Gobierno no está ayudando a nadie". No son los únicos en manifestarse en este sentido ya que una voz con experiencia se mojó en la conferencia sobre okupación celebrada en el Colegio Notarial de Cataluña (CNC). Este fue Vicente Magro, juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y autor del libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble'. Desarrolló su solución.

Una situación insostenible

El magistrado del Tribunal Supremo fue muy claro: "Es contrario al Estado de Derecho". El principal problema con los okupas, a sus ojos, es el siguiente: "El Estado ha colocado una servidumbre sobre el propietario de viviendas". Vuelve a poner en el foco una medida que ya criticaron las distintas asociaciones: "Le hace responsable de proveer de techo a las familias, algunas de las cuales no son ni siquiera vulnerables". Los propietarios denuncian que se da la vulnerabilidad a muchos okupas sin cerciorar detenidamente si realmente lo son.

Esto ha provocado unas consecuencias que, como explica Vicente Magro, están complicando el mercado del alquiler: "Muchos propietarios ya no alquilan a determinados perfiles por miedo al impago: si dejan de abonar la renta, no los podrán sacar de su casa". Para evitar inquiokupaciones, solo alquilan a personas con determinadas rentas, quedando fuera aquellos que menos recursos tienen. Una situación complicada para la que presenta varias soluciones.

Cómo acabar con la okupación

Vicente Magro es claro y contundente, empezando por la vulnerabilidad: "Lo dice una ley tan poco sospechosa de favorable para el propietario como la Ley de Vivienda: en caso de okupación, no aplica la vulnerabilidad. O no debería". El magistrado no admite lugar a dudas con la que sería su medida ideal: "¿Okupación? En 24 horas, fuera". Detalla el motivo: "Es mi casa, si me la okupan, quiero recuperar la posesión en 24 horas".

Así se podría desalojar a los okupas en 24 horas

Esta solución parece complicada en un país en el que la mayoría de los casos se alargan durante el tiempo, pero desvela el modo en el que se podría: "Acabar con la toma de viviendas no pasa por penas más duras, ni por celebrar juicios más rápidos. Se trata de acudir al juez de guardia, presentarle un escrito pidiendo el desahucio cautelar, y que se ejecute". Una cautelar permitiría recuperar el piso rápidamente y luego ya celebrarse el juicio, pero con la vivienda en manos del propietario legítimo. Esta solución también tiene otra gran ventaja: "Se evitaría sobrecargar al juez de instrucción".

Una frase resume su pensamiento sobre este tipo de casos: "El okupa dice que tiene derecho a protección judicial, pero ¿y el propietario? ¿No lo tiene?". Señala que España tiene un problema que otros países europeos ya han logrado resolver: "España tiene el mismo problema que tenía Italia en 2018, pero a diferencia del país vecino, no lo ha resuelto".