Familiares de jóvenes asesinados en protestas en Venezuela exigen a la CPI orden de arresto contra Maduro
Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han alzado su voz en una rueda de prensa en Madrid para exigir a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita órdenes de arresto contra el expresidente y otros altos responsables implicados en la represión de manifestantes.
El acto, organizado con el respaldo de Venezuelan Press y el apoyo jurídico de juristas acreditados ante la CPI, reunió a padres, madres, hermanos y tíos de jóvenes que murieron en las protestas de 2014 y 2017. Las familias reclamaron justicia por sus hijos, cuyas muertes —según denuncian— formarían parte de un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del Estado venezolano.
Entre los casos recordados figuran activistas como Neomar Lander, asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en 2017, cuyo caso ha sido citado como emblemático de la violencia contra manifestantes durante esos años.
Los familiares denunciaron la lentitud con la que la CPI ha abordado el caso “Venezuela I”, una investigación formal que se abrió en 2021 sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país caribeño y que lleva varios años sin resoluciones claras sobre órdenes de detención. Señalan que, mientras otros grandes casos internacionales han avanzado más rápido, los responsables de estas muertes siguen sin enfrentar cargos por estos hechos ante el tribunal.
A pesar de la reciente detención de Maduro en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, los familiares subrayaron que ese proceso “no sustituye” la justicia por los asesinatos de sus hijos en el contexto de las protestas. Exigen que la CPI actúe de inmediato para garantizar que estos hechos queden claramente incluidos en la investigación y se emitan las órdenes que permitan procesar a los principales responsables.
Los presentes enfatizaron que estos crímenes han quedado impunes durante años y que la justicia internacional debe responder ante lo que consideran un patrón de represión y violencia sistematizada contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse.