Recurren el «no» de la Justicia a investigar a Paco Salazar por acoso sexual
Hazte Oír recurre que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid haya desechado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, investigar a Francisco Salazar por acoso sexual a mujeres de su entorno laboral en Moncloa y del ámbito del PSOE.
La asociación advierte a la jueza de que su decisión de no abrir una causa contra el ex alto cargo de Presidencia del Gobierno, apoyándose en que no constan las imprescindibles denuncias de las víctimas, «es contrario a lo establecido por el Tribunal Europa de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Supremo (TS)» y la legislación vigente en materia de protección de las mujeres frente a la violencia sexual.
En su alegación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, critica que se pretenda «invertir el orden lógico del proceso penal, exigiendo la previa identificación y denuncia de las víctimas como presupuesto para investigar». Cuando –en opinión del denunciante– «la identificación» de las mujeres afectadas «es una de las finalidades propias de la instrucción».
Yendo a jurisprudencia concreta, Hazte Oír trae a colación que el TEDH declaró en numerosas ocasiones que «el Estado debe actuar, incluso sin denuncia, cuando existen indicios de violencia sexual o de género».
También refiere que el TC en una sentencia de 2001 impuso que el Estado «debe garantizar la protección de las víctimas vulnerables incluso sin denuncia» y, por otro lado, que en un fallo de 1998 avaló que «la investigación preliminar es obligatoria cuando existen indicios».
En cuanto al alto tribunal, alude el recurso a que estableció en una sentencia de 2021 que «la denuncia puede ser indirecta o deducida de actuaciones previas» y, más tarde, en 2022, el Supremo añadió que «la ausencia de denuncia no impide diligencias de identificación», como las que se piden.
«Así pues debemos insistir en que la identificación de las víctimas es precisamente el objeto de la instrucción, no un requisito previo para impedirla», afirma, al respecto, en su alegación.
La magistrada madrileña se negó a abrir una investigación contra el que fuera secretario general de coordinación institucional en el gabinete de Pedro Sánchez, basándose en que, al ser los delitos contra la libertad sexual de carácter semipúblico, es «conditio sine qua non» que hayan sido denunciados por las implicadas.
Respecto a ello, la asociación refiere que «esta interpretación es contraria a la doctrina constitucional, europea y del Supremo» que permite –según ella– «realizar diligencias mínimas de comprobación, especialmente cuando existen indicios razonables de la posible existencia de víctimas no identificadas». Lo que exige la querellante es que se les haga a ellas un «ofrecimiento de acciones» contra Paco Salazar.
Asimismo, la jueza entendió que Hazte Oír no está legitimada para ejercer la acción popular en un procedimiento de esta clase y, por ello, inadmitió su querella. Además, estimó que las informaciones publicadas en prensa sobre los presuntos actos de acoso sexual y laboral de Salazar «no constituyen base indiciaria suficiente».
El recurrente lo contradice, asegurando que el TS señaló que basta la «verosimilitud» para iniciar una instrucción y, nombrando resoluciones del TC, que esta fase «existe precisamente para verificar la veracidad de los indicios» que recogen «múltiples fuentes nacionales e internacionales, coincidentes, detalladas, que describen conductas sexualizadas.
En la acción legal de la asociación se atribuía, simultáneamente, delitos de omisión del deber de socorro al que era «número dos» de Salazar en el Ejecutivo, Antonio Hernández Espinal (exdirector del departamento de Coordinación Política del gabinete del presidente del Gobierno) y al actual delegado del Ejecutivo en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por haber sido secretario general de la Presidencia en el momentos de los hechos denunciados.